or activos –la otrora empresa constructora más grande de México: ICA, pero también la de menor valor en Bolsa– se ha visto perjudicada por elevado apalancamiento (7.6 veces su deuda neta a flujos de operación); alta dependencia o menor ritmo de adjudicación de obra pública y dificultades para cobrar pagos de obras pendientes. Lógicamente, entre 2012-2015, su valor de capitalización se redujo 69 por ciento ( El Financiero-Bloomberg, 12/3/15).

Para el tercer trimestre de 2015, Moody's bajó su calificación a B3, por ese alto nivel de apalancamiento; modesta cobertura de intereses y ajustada liquidez (Reuters, 5/11/15). En círculos financieros, la situación no era secreto. Mucho menos para inversionistas institucionales, como Afore, entre ellas, Pensionissste.

En agosto-octubre 2015, Pensionissste decidió invertir recursos para el retiro de los trabajadores en acciones de ICA, a pesar de la caída de su valor de capitalización. Integrantes del Comité de Inversión: el entonces vocal ejecutivo de Pensionissste, José María de la Torre Verea –cercano al, entonces, secretario de Hacienda, Videgaray– y Silvia Espinosa Elguea, jefa del departamento de inversiones, decidieron –en la opacidad y sin debidas alertas prudenciales– salir al rescate de ICA, antes que cumplir el mandato de la Ley-SAR: atender exclusivamente al interés de los trabajadores y asegurar que todas las operaciones que efectúen para la inversión de los recursos de dichos trabajadores se realicen con ese objetivo.

Pensionissste invirtió, justo cuando ICA se dirigía a la insolvencia: gastó 400 millones de pesos en acciones a un precio promedio cercano a 7 pesos por acción (Reuters, 11/3/18). En su último día de operación en Bolsa (25/8/17), ICA se acogió a concurso mercantil: las acciones se cotizaron en 1.48 pesos por título, antes de ser suspendidas. Su valor actual es: 0.32768 centavos ( El Economista, 8/3/18).

Reuters desenmascaró el manto opaco, discrecional y sin las debidas alertas prudenciales con que las Afore operan el destino de las inversiones que realizan con cargo a los recursos de los trabajadores. Consar y la Afore pública Pensionissste se encogen de hombros, en lugar de ofrecer respuestas claras y contundentes como lo exigen trabajadores dueños de los fondos y otros actores de la arena de la política pública.

Aún peor: para Carlos Ramírez, presidente de Consar, lo que Pensionissste invirtió –y que probablemente se esfumó– fue muy poco, 0.20 por ciento del monto total de los activos administrados. La operación, declaró, se llevó en condiciones normales. Puede o no gustar la decisión. Pero al final del día, se cumplió con la normatividad (Imagen Radio, 13/3/18) ¡Vaya normatividad, que justifica la pérdida discrecional, sin las debidas alertas prudenciales de cuantiosos fondos para el retiro de los trabajadores y que diluye la responsabilidad supervisora de Consar!

El Issste informó que el Órgano Interno de Control inició una auditoría sobre la inversión y, en caso de que ésta reflejara alguna anomalía, se fincará responsabilidad, incluso penal, a quien resulte responsable. Si bien señala que la inversión se hizo en apego a la normatividad aplicable, reconoce que la empresa suspendió pagos cuatro meses después (20/3/18).

De inmediato, el PRD presentó una proposición para que el Senado citara a comparecer al actual vocal ejecutivo de Pensionissste: Rodolfo Campos, y explique la inversión; si los títulos cumplían con la calidad exigida por Consar-CNBV para garantizar la seguridad/rentabilidad de los fondos de pensiones; el daño patrimonial y/o minusvalías registradas y, si acaso, los funcionarios en turno de Pensionissste cumplieron la normatividad externa e interna aplicable. Por su parte, el PAN apenas solicitó un informe al vocal ejecutivo sobre el gasto realizado en la adquisición de las acciones (15/3/18).

Ambas proposiciones merecieron un trato burocrático por el senador panista Ernesto Cordero –presidente de la mesa directiva y ex secretario de Hacienda de Calderón–: las turnó a la congeladora de las comisiones ¡en lugar de dictar trámite de urgente resolución!

Pero la novedad novedosa llegó por la vía de una iniciativa del instantáneo senador perredista Celestino Cesáreo Guzmán –suplente de Armando Ríos Piter– leída el 20 de marzo y quién propone reformar el régimen de inversión de Pensionissste, siguiendo a la letra, las ¡recomendaciones de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP): la voz del negocio de administradoras privadas en el mundo! Horas después, Guzmán solicitó licencia: ya encabeza la lista de plurinominales perredistas en Guerrero.

En otro momento, esa iniciativa hubiera detonado el inaplazable debate sobre los usos, abusos y destino de los recursos propiedad de los trabajadores; usos, abusos y destino como el de rescatar discrecionalmente y sin alertas prudenciales empresas emproblemadas.

Pero, por la celeridad con que se turnó la iniciativa Guzmán –desplazando proposiciones parlamentarias presentadas previamente–, la pieza sólo encaja como estrategia cortafuegos frente a revelaciones periodísticas que iluminan un asunto de fondo: la responsabilidad de quienes, discrecionalmente, pudieran favorecer intereses particulares más que cumplir, antes, con su cometido profesional al administrar, cobrando no poco, los recursos de los trabajadores.

Ese cometido consiste en ganarle rentabilidad a esos recursos frente a un más que nublado horizonte pensionario que ha quedado enteramente comprometido por el patente fracaso de la reformas Zedillo-IMSS (1997)-Calderón-Beltrones Issste (2007) y que reclama urgente revisión integral del SAR.

La iniciativa Guzmán, como la respuesta de Ramírez desde Consar y la del Issste, sólo normaliza la responsabilidad del ex vocal de Pensionissste, José María de la Torre Verea y su equipo. Hasta ahora.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco