Las recientes declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto y de los secretarios de Defensa Nacional y Marina, para reivindicar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, dejan claro lo mucho que depende de los militares la actual administración, pero también demuestran que la Ley de Seguridad Interior (LSI) no era necesaria para desplegar a los soldados en las calles, sino para hacer permanentes sus actividades ahí.

Así lo afirmaron integrantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes subrayaron que la posibilidad de rectificar la actual estrategia de seguridad parece estar prácticamente anulada en lo que resta del sexenio.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que la reiterada defensa del jefe del Ejecutivo hacia los militares demuestra que las fuerzas armadas no sólo están en las calles para llevar a cabo tareas policiacas, sino también para enfrentar de forma militar a un enemigo fuertemente armado.

Es por la realización de esta doble labor que las autoridades defienden con tanta vehemencia al Ejército y la Marina, y que además pretenden dejar a ambas instituciones en dicha situación de manera permanente.

A lo anterior, puntualizó Guevara, se suma el hecho de que Peña Nieto “está usando el Ejército como un mercado de votos muy nutrido y para que le ‘preste’ la legitimidad que tienen las fuerzas armadas ante la sociedad. Por eso el Presidente se le pega tanto a los militares y los defiende irracionalmente de los supuestos ataques en su contra”.

Dependen de militares

Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, indicó por su lado que las declaraciones en defensa del Ejército forman parte de la decisión de aprobar la LSI en diciembre del año pasado, sin importar la gran cantidad de señalamientos y advertencias de organizaciones nacionales e internacionales, expertos y académicos.

Con este discurso se reitera la dependencia que tienen de las fuerzas armadas, lo indispensables que son para ellos en una estrategia que depende por completo del Ejército y del uso de la fuerza, en vez de generar policías profesionales y bien capacitadas con un enfoque preventivo.

En este contexto, subrayó el especialista, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe dar garantías de que, al analizar las acciones de inconstitucionalidad de la LSI, no habrá cabildeo oculto por parte de las fuerzas armadas, o que en todo caso realizará audiencias públicas con la presencia de ambas partes para generar un diálogo abierto e informado.