Chihuahua, Chih.

En muchos lugares de México la frontera entre el poder público y la delincuencia organizada se ha desdibujado, de tal modo que año con año aumentan los casos de violencia y asesinatos de reporteros, además de nuevas formas de agresión, incluida la censura desde las mesas de redacción y la desinformación creciente que propicia el aparato gubernamental, revela el más reciente informe de agresiones contra el gremio que presentó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

Ayer se clausuró el Seminario de Periodismo de Investigación Miroslava Breach Velducea, que se efectuó los sábados durante dos meses en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y culminó con un minuto de aplausos para la corresponsal de La Jornada asesinada el 23 de marzo del año pasado.

En el cierre de los trabajos del seminario participaron Jean Albert Hoostsen, corresponsal para México del CPJ, y los periodistas Blanche Petrich, Olga Aragón, Jon Gliber, el monero Mario Juárez y Rocío Gallegos discutieron las condiciones adversas para el ejercicio crítico del periodismo en México.

Petrich, reportera de La Jornada y corresponsal de guerra en Centroamérica, explicó que existe gran diferencia entre las circunstancias en un entorno de guerra civil, con campos de combate bien delimitados, de conflicto armado declarado y partes beligerantes bien definidas. “Las nuevas condiciones de riesgo ponen al reportero en un territorio donde las zonas de riesgo son imprecisas; ahora el riesgo sucede en la vida cotidiana del periodista.

“En las zonas de conflicto mexicanas hay toda una serie de ramas que se derivan del gran tronco de la delincuencia organizada: traficantes de armas, mujeres y niñas, lavado de dinero, migración, trasiego de droga y muchas otras.

“El contexto de riesgo en el que ocurrió el asesinato de Miroslava Breach no puede entenderse sin la complicidad de las autoridades. También hablamos de autoridades coludidas, de policías de todos los niveles, Ejército y Marina que, involucrados en el patrón de violencia, pueden ver en un momento dado a la prensa como objetivo.

“El territorio es incierto y un periodista puede ser blanco deliberado de agresiones por cualquiera de los actores del conflicto, en cualquier momento por cualquier razón. Puede ser como Miroslava Breach, porque como dice (el gobernador de Chihuahua) Javier Corral: ‘le está pisando los callos al diablo’”, explicó Petrich.

El informe de agresiones revela que los asesinatos de comunicadores en México presentan dos constantes: las víctimas casi siempre trabajan para medios de comunicación pequeños y locales, gozan de muy poca protección y cubren la fuente policiaca, o son periodistas que daban seguimiento a temas de fondo relacionados con el crimen organizado, como los corresponsales de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez, ultimado el 15 de mayo del año pasado, y Breach.

El CPJ reporta seis periodistas asesinados el más reciente año por motivos relacionados con su trabajo. Hoostsen recordó que el índice de impunidad elaborado por CPJ ubica a México en el sexto lugar mundial, detrás de Somalia, Siria, Irak, Filipinas y Sudán del Sur, países que enfrentan conflictos bélicos.

El contexto de riesgo que enfrentan los comunicadores mexicanos debe entenderse como una realidad que integra un contexto más amplio de violencia general, definido por una frontera casi inexistente entre la delincuencia y los funcionarios públicos encargados de castigar los crímenes, dijo.

En Chihuahua 22 periodistas han sido asesinados desde 2000; la incidencia de muertes está relacionada con la penetración del crimen organizado en amplias zonas del estado, en estructuras del poder público e incluso intereses empresariales.

En fechas recientes en Ciudad de México también ha habido agresiones a periodistas, pues cinco reporteros solicitaron protección. A esto se suma la censura desde las redacciones por presiones del poder político y discursos como el del escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien el martes pasado atribuyó la cifra creciente de muertes y agresiones contra periodistas en México en gran parte por culpa de la libertad de prensa.

Jon Gliber, autor de un libro de investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, consideró necesario replantear el concepto de zona de riesgo. Al final de los años 90 todavía había cierta capacidad de lectura de la violencia; tú veías un informe de policía municipal y más o menos sabías el nivel de violencia posible, hoy todo se ha revuelto y ya no tienes esa capacidad de lectura.

Añadió que la protección pocas veces viene de las autoridades y sí de las redes de colaboración y protección entre reporteros.