Concordia, Sin.

Habitantes de al menos 10 comunidades de la sierra de Sinaloa que huyeron por la violencia armada en julio de 2017 y que este año empezaron a regresar a sus poblados, demandaron a las autoridades estatales reabrir los centros de salud de La Petaca, Chirimoyos y Santa Lucía, en este municipio, pues continúan cerrados y sin servicios médicos a raíz del éxodo.

Cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado, a cargo de Raúl Carrillo Castaños, refieren que cerca de 461 familias (mil 810 personas) de la sierra de Concordia empezaron a volver en enero.

El sábado anterior, el funcionario estatal recorrió los poblados de la sierra para entregar despensas. Felipe Vargas, de 76 años de edad y originario de Chirimoyos, lo encaró para exigirle que reabran los centros de salud y envíen médicos.

El campesino dijo que la falta de atención ya es desesperanteporque las enfermedades respiratorias son frecuentes, al igual que las picaduras de alacrán, y los partos son un viacrucis, pues las pacientes deben acudir a las clínicas de la cabecera municipal de Concordia o de Mazatlán.

Aunque reconoció que se hacen esfuerzos para ayudarlos a regresar a sus pueblos, las despensas no son la solución.

Carrillo Castaños acudió al centro de salud de La Petaca, el cual estaba cerrado, y el de Chirimoyos, que es sólo un galerón, pero daba servicio hasta antes de que la gente huyera. De hecho, se planea edificar una clínica. El funcionario prometió mediar ante la Secretaría de Salud.

En entrevista, explicó que acudió a realizar un censo de familias que han regresado, las condiciones en que se encuentran, revisar la infraestructura de los servicios de salud, educación y asistencia social, en coordinación con el alcalde de Concordia, Trinidad Lizárraga.

Dijo que también se hará una lista de familias refugiadas en el poblado de Villa Unión y en varias colonias de Mazatlán.

El titular de la Sedesol informó que en el municipio de Salvador Alvarado se inició la búsqueda de mil 423 personas que en 2012 abandonaron sus hogares en los municipios de Choix y Sinaloa, a fin de identificarlos y brindarles ayuda.

En septiembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 39/2017, dirigida al gobernador Quirino Ordaz Coppel; al fiscal general, Juan José Ríos Estavillo, y a los alcaldes de Sinaloa de Leyva, María Beatriz León, y de Choix, José Lindolfo Reyes, para que elaboraran un censo y confirmaran cuántas personas huyeron de la violencia entre enero y mayo de 2016 . Se calcula que 2 mil 38 personas fueron desplazadas.

Con esta información se elaborarán programas de reparación integral colectiva, que incluyen la creación de medios para restablecer la subsistencia, así como atención médica y sicológica, según lo estipulado en la Ley General de Víctimas.