Para buscar la aprobación de las iniciativas de reforma en materia de justicia laboral se simularon modificaciones y búsqueda de consensos; sin embargo, el borrador de las mismas evidencia que el instituto nacional de conciliación que sustituirá a las juntas quedará en manos de líderes sindicales y patrones; además, será imposible para los trabajadores cambiar de sindicato, no se obliga al voto secreto ni presenta mecanismos para la oralidad de los juicios.

La única modificación que se hizo a estas iniciativas es quitarle la liberalización del outsourcing, pero en todas sus cláusulas responde a las exigencias del sector patronal más duro, revela un informe del Observatorio de la Reforma Laboral y la copia del último borrador del documento.

Una reproducción del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos del Senado, señala que además de las iniciativas presentadas por Tereso Medina e Isaías González, ambos del PRI, Luis Sánchez Jiménez (PRD) entregó otra para modificar la Ley de Amparo para temas laborales; María del Pilar Ortega (PAN) incluso puso a consideración otro proyecto de decreto de la Ley del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y para que se deroguen disposiciones de la Ley del Seguro Social y del Infonavit.

Todo eso, a decir del observatorio, conforma una pinza para cambiar toda la normatividad laboral a favor de los empresarios, acabar con derechos consagrados y dejar en manos de éstos y de líderes corporativos la justicia laboral.

Es una mentira que las autoridades laborales hayan querido consensuar con los sectores; por el contrario, acordaron con otros legisladores la interposición de otros proyectos de ley para endurecer más aún la reforma en materia de justicia laboral, indicó.

En los artículos 387, 390 bis, 1004, 1008 y 1010 se plantea cómo los patrones y los líderes de sindicatos corporativos van a formar parte del Centro Nacional de Conciliación, es decir, decidirán quiénes cumplen con los requisitos para, por ejemplo, conformar nuevos sindicatos o exigir por firma de contratos colectivos. Serán juez y parte y convertirán al organismo en un frankestein laboral.

El documento impone condiciones para emplazar a huelga por cambio de sindicato o contrato colectivo, lo que a su vez blinda los contratos de protección, hace imposible que trabajadores que no tienen gremio se puedan sindicalizar o que quieran quitar un sindicato charro, por ejemplo. En cambio, el voto secreto para todos los procesos, como lo exigía el sector laboral, se ignora y no se hace obligatorio.

Además, según la iniciativa presentada por el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, se pretende hacer cambios a la Ley de Amparo adecuando la reforma al artículo 107 Constitucional a su ley reglamentaria y a la Ley Federal del Trabajo. A eso se suma la iniciativa de María del Pilar Ortega, que plantea el proyecto de derecho para la Ley del Centro Federal y modificar la Ley del Seguro Social además de la del Infonavit.