Más de un millón 600 mil trabajadores mexicanos han salido de la informalidad y en este sexenio se espera reducir el número de empleados con trabajos inestables y sin prestaciones en 3 puntos porcentuales.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, sostuvo que en los estados del sur del país mayor número de trabajadores activos tienen empleos sin seguridad social y prestaciones, es decir, informales, mientras en el norte hay porcentajes más altos de personas en puestos formales. Esto constituye una brecha importante entre las dos regiones y se ha convertido en un reto.

Dio a conocer lo anterior durante la firma del convenio Por un trabajo digno y remunerado que signaron ayer el titular de la STPS y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Campa explicó que en el país seis de cada 10 trabajadores están en la informalidad. En tanto, las entidades del sureste del país están retrasadas, pues casi 80 por ciento de las personas están en esa condición.

En entrevista también expuso que no necesariamente las entidades donde hay menos violencia tienen más empleo formal, sino las que tienen mayor avance industrial. También hizo ver que la generación de empleo y el incremento al salario mínimo no son asuntos que puedan determinarse por decreto, pues en la economía las facturas se pagan tarde o temprano y se debe actuar con realismo.

Respecto del convenio que firmaron la CNDH y la STPS, éste tiene como finalidad revisar los mecanismos de colaboración entre las instancias que ventilan los conflictos laborales, como las juntas de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet); fomentar una cultura en materia de derechos humanos entre el personal de estas instancias, poner en marcha cursos y dar herramientas de capacitación a los empleados de las mismas.

Esto, según González Pérez, busca garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los trabajadores mexicanos, sobre todo en el periodo de transición al nuevo sistema de justicia laboral, en lo que se refiere a impartición y administración de la misma.

El ombudsman nacional expuso que uno de los derechos fundamentales de los trabajadores de nuestro país es tener un salario digno y se pronunció por que el mínimo se revise en el actual cuatrimestre. Esperamos que no se vaya hasta diciembre y exhortó a que el análisis se haga con base en los derechos humanos.