l rendir el informe de labores de 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que preside, Luis Raúl González Pérez señaló, ante el presidente Peña Nieto, que el presente sexenio está marcado por graves violaciones a las garantías fundamentales, citó los episodios de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán, y dijo que en los cinco años de la actual administración México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza.

Asimismo, el ombudsman nacional criticó la estrategia de seguridad pública vigente desde hace más de 11 años –la violencia ha demostrado ser una inversión muy poco redituable, dijo– y aunque reconoció que se han establecido marcos normativos como las leyes contra la tortura y sobre desaparición de personas, destacó la necesidad de hacerlos aplicar y de destinar presupuesto para asegurar su cumplimiento. Por otra parte, González Pérez lamentó que las recomendaciones de la CNDH han tenido muy poca respuesta por parte de las autoridades a las que van dirigidas, informó que sólo una de ellas ha sido cumplida en su totalidad y exhortó al presidente Enrique Peña Nieto, a ofrecer una señal positiva y coherente de responsabilidad y compromiso con los derechos humanos y a que antes de concluir este sexenio se dé cumplimiento a las recomendaciones y propuestas referidas, llamado que extendió a los gobiernos estatales.

A contrapelo de lo dicho por el titular de la CNDH, Peña Nieto aseguró que su gobierno ha tenido absoluta disposición para recibir, aceptar y dar cumplimiento a las recomendaciones de esa institución, y adujo que ha habido avances en materia de derechos humanos, particularmente en la construcción de marcos legales adecuados e instituciones sólidas como los centros de justicia para las mujeres y el Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes.

En un acto distinto, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, afirmó que esa dependencia no ha tolerado ni tolerará nunca la tortura, un aserto que choca con los recientes señalamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el sentido de que en el curso de la investigación por la agresión criminal de policías y delincuentes contra estudiantes normalistas perpetrada en Iguala se recurrió al martirio casi sistemático de los detenidos a fin de arrancarles confesiones al gusto de las autoridades.

Es inevitable percibir, en los actos y el discurso del gobierno federal, una clara renuencia a admitir que el país atraviesa por una crisis de graves proporciones por la inobservancia consuetudinaria de los derechos humanos, que para superarla se debe empezar por reconocerla y que las incesantes modificaciones legales en esta y otras materias no pueden remplazar la voluntad política de hacer cumplir la ley y combatir la impunidad entre los servidores públicos.

Ha de notarse, por otra parte, que en el sexenio actual se han registrado retrocesos en el ámbito de los derechos humanos incluso en la materia legislativa, y la aprobación de la impugnada Ley de Seguridad Interior es un claro ejemplo de ello: como se ha señalado en múltiples ocasiones, esa legislación abre un injustificable margen a la violación de las garantías fundamentales e individuales. Y antes que buscar la responsabilidad de tales violaciones en las fuerzas armadas, hay que dirigir la atención a las autoridades civiles que redactaron, aprobaron y promulgaron dicha ley porque, como lo señaló ayer mismo el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, no fueron los militares los que la pidieron.