El sexenio de Enrique Peña Nieto presenta un balance desfavorable en materia de derechos humanos. Su gobierno ha estado marcado por graves violaciones a estas garantías. Casos como Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán son sólo algunos de los nombres más representativos que marcaron la administración 2012-2018 en un momento crítico de los derechos humanos, enfatizó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ayer su informe de labores 2017 ante el mandatario federal en la residencia oficial de Los Pinos. Más que un análisis del año pasado, en un discurso de casi 40 minutos, González Pérez hizo un balance de la situación de las garantías fundamentales en el país durante los más de cinco años de la administración del priísta, que está a unos meses de concluir su gestión.

No se ha logrado fortalecer el estado democrático de derecho

En este periodo, enfatizó el comisionado, México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho, ni se ha modificado positivamente el entorno que, cuando se inició su mandato, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos, caracterizado por los binomios inseguridad y violencia, impunidad y corrupción, desigualdad y pobreza.

En la ceremonia, a la que acudió el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y en la que nuevamente no estuvieron presentes los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, respectivamente, el ombudsman lamentó que los exhortos, propuestas y determinaciones de la CNDH hayan encontrado poco eco entre las autoridades federales y estatales a las que fueron dirigidos.

Aceptan recomendaciones, pero no se cumplan totalmente

Sus recomendaciones durante este sexenio prácticamente fueron aceptadas en su totalidad. Sin embargo, la gran mayoría presentan deficiencias y demoras considerables en su cumplimiento. En los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán, señaló que se han aceptado los exhortos, pero sólo uno tiene pruebas de cumplimiento total.

Sería una señal muy positiva de coherencia, responsabilidad y compromiso con los derechos humanos el que antes de concluir su administración, se dé cumplimiento a las recomendaciones respectivas y se atiendan las propuestas formuladas por este organismo nacional. Ese llamado lo hacemos extensivo también a los gobiernos locales.

Remarcó que tanto en el caso Iguala –con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de tres más–, como con otros temas de primera importancia en el país, se ha mostrado que el modelo de operación de la Procuraduría General de la República (PGR) está agotado. Es necesario que a la brevedad se concreten de manera viable y pertinente las reformas en el ámbito de procuración de justicia, para garantizar la autonomía, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de esta función.

Criticó que no se hayan atendido los llamados de expertos nacionales e internacionales contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. La respuesta a la violencia e inseguridad no radica en reducir o eliminar derechos y libertades, tampoco en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley (...) En días pasados, usted (Peña Nieto) señaló que sería ingenuo y negligente pretender que el Estado renunciara a su utilización. Es cierto, tanto como que los hechos han demostrado también que es un error suponer que sólo el uso de la fuerza, por legítimo que éste sea, deba ser la única respuesta del Estado ante la violencia y la inseguridad que se enfrenta.

Durante el actual gobierno, dijo el ombudsman, México no ha ratificado ningún instrumento internacional vinculado al campo de los derechos humanos, y tampoco ha retirado algunas reservas de los que forman parte del orden jurídico nacional. Esto a pesar que el artículo uno de la Constitución prevé esa obligación.