Tras un prolongado debate que evidenció la división del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio marcha atrás al proyecto para aprobar que el financiamiento privado que pudiera obtener la que se perfila como única candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, ascendiera a 422 millones de pesos, pues se consideró que hay restricciones legales en la materia, por lo que solamente admitieron sea de 42.9 millones de pesos.

Aunque todos los consejeros coincidieron en que la legislación para los independientes es muy adversa, la mayoría señaló que el artículo 399 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estipula claramente que este límite no puede exceder de 10 por ciento de los gastos de campaña al cargo correspondiente. Ciro Murayama advirtió que el instituto no tiene facultades para no aplicar la ley y asumirse como legislador o como magistrado para modificar la disposición.

Durante el desahogo, el INE también aprobó multas por 2.2 millones de pesos a los aspirantes a candidatos independientes a la Presidencia por irregularidades en sus informes de gastos e ingresos en la etapa de recolección de firmas ciudadanas. Al mismo tiempo, avaló procedimientos de oficio contra Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter.

En el primer caso, se investigará el presunto financiamiento ilegal de empresas –impedidas por ley para financiar campañas– por 17 millones de pesos; contra Zavala, para indagar por qué realizó conversatorios con ciudadanos para recolectar recursos no reportados correctamente, y Ríos Piter por la aportación de 2.5 millones de pesos a una cuenta no señalada sobre el cual no se tiene claro el origen.

El debate sobre financiamiento privado a los independientes se prolongó por más de dos horas, donde el consejero presidente, Lorenzo Córdova, destacó las contradicciones en la legislación electoral sobre estos aspirantes de los que se desprenden condiciones de inequidad que debe corregir el Congreso. Sin embargo, advirtió que el INE carece de facultad para no aplicar la ley y, por otro lado, el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el caso de los independientes, para aplicar la restricción de que el financiamiento público debe ser preeminente sobre el privado y que es un criterio aislado para la elección de gobernador en Nuevo León. Por lo demás, aplicarla favorecería la interposición de recursos que colocaría la decisión en el tribunal, que sí tiene esa facultad de no aplicar leyes.

Pamela San Martín criticó que el INE perdiera la oportunidad de decidir a partir del criterio constitucional pro persona, que permite aplicar la disposición legal que otorgue mayores beneficios. Citó que el TEPJF establece que de ceñirse a las restricciones del financiamiento privado –que no puede ser mayor al público– aplicable a los partidos, haría nugatoria la capacidad de contender en equidad a los independientes.

Mientras el candidato de un partido o los tres candidatos podrán competir para la Presidencia con 429 millones de pesos, un aspirante independiente podrá usar exclusivamente 49.9 millones de pesos. Estamos hablando de más de 370 millones de pesos menos.

Claudia Zavala señaló que si bien hay que admitir que la ley contiene muchos disposiciones en detrimento de las candidaturas independientes que se deben corregir a futuro, por ahora es inviable que el INE interprete la legislación y haga caso omiso del tope fijado.