Ciudad Juárez, Chih.

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avale el próximo lunes dos controversias constitucionales, entre ellas una que daría pie a la destitución del Consejo de la Judicatura (CJ) del Poder Judicial Estatal, puso en alerta a organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos. Advirtieron que pueden afectar la estabilidad e independencia judicial en la entidad”, garantía esencial de un estado democrático de derecho.

La primera controversia fue promovida por Gabriel Sepúlveda Reyes para que la Corte decida si fue legalmente válida su destitución como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). La segunda fue interpuesta por el actual presidente del TSJE, Julio César Jiménez Castro para resolver la legalidad de la designación del actual Consejo de la Judicatura.

La que reclama Sepúlveda se centra en el decreto que aprobó el Poder Legislativo de Chihuahua para destituirlo mediante un artículo transitorio. La promovida por Jiménez Castro y avalada por el pleno del Poder Judicial, cuestiona que el Legislativo haya otorgado al Consejo de la Judicatura las facultades de remoción de magistrados, manejo del presupuesto del Poder Judicial y cierre de salas, acciones que sobrepasan las funciones del pleno del organismo.

El 12 de marzo la SCJN pospuso para este 2 de abril la discusión de las dos acciones de inconstitucionalidad. Dado que en Chihuahua y otros estados del país, el presidente del TSJ es al mismo tiempo integrante del Consejo de la Judicatura, la decisión de la SCJN sobre estos temas tendrá un impacto importante en la vida institucional del Poder Judicial de Chihuahua y sentará un precedente significativo sobre la independencia de los poderes judiciales en México.

Fundación para el Debido Proceso , Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Robert F. Kennedy Human Rights y Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos emitieron una postura en la cual afirman que la independencia de los poderes judiciales en México es fundamental para juzgar casos de corrupción y violaciones a derechos humanos.

Estos recursos judiciales abren la posibilidad de que se ordene la destitución del actual Consejo de la Judicatura. Por ello reiteramos que la independencia judicial es una garantía fundamental de un estado democrático de derecho.

Aseguran las ONG que los ciudadanos tienen derecho a que sus litigios sean resueltos por jueces imparciales y, por tanto, ajenos a cualquier influencia e interferencia política y de cualquier otra índole. En ese sentido no solo es relevante la inamovilidad de los funcionarios judiciales, sino que existan las condiciones y garantías para que desempeñen sus funciones con autonomía e independencia respecto de los poderes políticos y fácticos.

Exhortamos a la Corte de México a ponderar el bienestar de los ciudadanos chihuahuenses y observar los principios relativos a la independencia judicial que constituyen, además, obligaciones para el Estado mexicano, señalan.