oncluyamos esta breve revisión de algunos indicadores de la economía estadunidense con un comentario sobre un artículo –no tan reciente, pero muy relevante– del profesor Duncan K. Foley de la New School de Nueva York (The Political Economy of US Output and Employment 2001-2010, Schwartz Center for Economic Policy Analysis and Department of Economics, The New School for Social Research, Working Paper Series, 2011).
Estudioso permanente de la evolución económica estadunidense, el profesor Foley sugiere calcular una medición más restringida
del producto nacional (Gross Domestic Product) que excluya los servicios. No sólo los financieros, cuyos beneficios han crecido más que en ningún otro sector, como lo hemos documentado en La Jornada. También los de educación y salud, gubernamentales, profesionales y de negocios.
Al excluirlos trata de identificar el comportamiento del producto y del ingreso de lo que denomina –siguiendo la tradición clásica y marxista, incluso retomada por Sraffa con los conceptos de básicos y no básicos– las actividades productivas. Las que –dicho simplemente– en términos de la teoría clásica del valor garantizan la recuperación del capital gastado (incluye salarios) y una rentabilidad (producto neto o excedente) del capital total invertido.
Fundamentalmente agropecuarias, mi- neras y extractivas, manufactureras, de la construcción, utilities
(electricidad, gas, agua), de la construcción y del transporte. Excluye, entonces, las que en ese marco serían identificadas como improductivas.
En la visión original, los fisiócratas sólo atribuían ese carácter productivo al trabajo realizado en la explotación de los recursos naturales: agricultura, prados, pastizales, bosques, minas y pesca, entre otros, único con la capacidad de generar producto neto o excedente. En Adam Smith se trata de las actividades que generan valor
, según lo señala en el capítulo 3 del libro segundo de su Riqueza de las naciones. David Ricardo lo plantea desde el capítulo 2 de sus Principios, donde explica su concepción de renta del suelo. Por su parte, Marx lo comenta ampliamente, aunque de diferente forma en los tres tomos de El Capital. Finalmente, Sraffa en su Producción de mercancías por medio de mercancías, cuando polemiza con la visión de la teoría marginalista. En ese contexto, Foley nos presenta lo que denomina sospecha paranoica
. Se refiere a su tesis sobre la recuperación estadunidense de la crisis que –al considerar como criterio, por ejemplo, la evolución ascendente de la tasa de desempleo– sería de mayo de 2007 (4.4 por ciento de la fuerza laboral civil) a octubre de 2009 (10 por ciento de la misma). Se refiera a una recuperación del producto fuertemente correlacionada con la evolución del empleo, sobre todo productivo
.
Sin embargo, Foley reitera la impresionante recuperación y penetración de los beneficios del sector financiero (finanzas, inmobiliario y seguros) en el ingreso nacional. En este marco conceptual (trabajo productivo y trabajo improductivo) su conclusión es dramática. Los ocupados del sector productivo
trabajaron tremendamente
en la crisis. No sólo para la recuperación de su propio sector, sino para la de toda la economía.
Una economía radicalmente asimétrica respecto de este sector productivo. En términos marxistas –lo asegura– se trata de una profundización de la tasa de plusvalor, de las condiciones de explotación del trabajo agropecuario, industrial y del transporte en el vecino país. ¡Terrible situación de los trabajadores productivos
estadunidenses! No comento más. Hay que leer a Foley. De veras.
NB: A reserva de que aquí mismo en La Jornada pudiera publicarse una nota específica, permítaseme robarme un poco de espacio para comentar la propuesta que junto con varios compañeros, hace mi compañero Raúl Rojas –Académico del año en Alemania en 2015 y Premio Nacional de Ciencias y Artes de México en 2015– para impulsar acciones orientadas a acabar con la corrupción. A su decir, corrupción e inseguridad son los dos clamores fundamentales de la ciudadanía de cara a las próximas elecciones en México. También, a su decir, probar la corrupción de autoridades federales, estatales o municipales es sólo la “punta del iceberg” de la corrupción pública.
¿Por qué? Porque no se recuperan los recursos desviados o robados. Así, se propone que en México se impulse la aprobación de una ley contra la corrupción, similar a la que existe en otros países. Una ley que en esencia proteja –incluso recompense– a quienes alerten de actos de corrupción. Indican que en Estados Unidos se les llama whistleblowers (que dan el silbatazo) a personas que tienen conocimiento de un acto de corrupción –venta de productos o servicios al gobierno a precios fraudulentos– o robo y desvió de recursos presupuestales, y que alertan a las autoridades de fiscalización. Son personas que quedan protegidas y que, de comprobarse los hechos y recuperase los recuros, se hacen merecedoras de una recompensa. La propuesta del grupo que lanza la iniciativa es que ese porcentaje sea de 10 por ciento. Solicitan que quienes suscriban esta iniciativa pueden agregar su firma a la petición bajo la liga: http://chn.ge/2FcbjCC. Así de simple.
