Pobladores de San Pablo Atlazalpan, en Chalco, estado de México, denunciaron que desde hace poco más de cuatro meses llegó a dicha localidad una empresa que comenzó a explotar una mina de roca basáltica sin realizar una consulta previa y sin notificar de sus actividades, lo cual ha generado malestar entre muchos de sus habitantes.

En entrevista con La Jornada, los inconformes –quienes prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias– explicaron que en noviembre de 2017 la empresa Creatividad e Inteligencia en Construcción, SA de CV, división maquila (Cicsa), arribó a San Pablo para extraer y moler basalto, supuestamente para la construcción del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México.

Aunque el terreno en el que trabaja la compañía es propiedad privada, la explotación de la mina afecta seriamente al resto de la comunidad, pues en dichos terrenos se ubica un depósito de agua con capacidad de 200 mil litros que abastece a 15 mil habitantes de San Pablo.

De acuerdo con los pobladores, la empresa ordenó de forma arbitraria la suspensión de la corriente eléctrica del filtro de ese depósito –cuya función es quitarle el olor a azufre– y adelantó que probablemente tenga que demoler esa infraestructura de almacenamiento, con la promesa de construir otra, aunque sin un compromiso por escrito.

Además de las afectaciones hidráulicas, la mina ya comenzó a generar perjuicios en los alumnos de la escuela primaria Tierra y Libertad, donde ya se han suspendido clases de educación física y ceremonias cívicas al aire libre por el ruido y el polvo que genera.

En un recorrido por la zona, este diario pudo constatar que la escuela se encuentra a unos metros de donde maquinaria pesada trabaja, extrae basalto y lo coloca en camiones. Tan sólo una barda –dañada por los sismos del año pasado, según vecinos– separa al patio del colegio del área de trabajo.

Las obras están dentro de los terrenos de la antigua hacienda de San José Axalco, que data del siglo XVIII, y está incluida en la lista de monumentos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Buena parte del casco de la ex hacienda ya está derruido, y a decir de los vecinos las afectaciones fueron ocasionadas por los trabajos de la mina.

Los inconformes también manifestaron su preocupación por los daños a la salud que ya padecen algunos habitantes por la dispersión del polvo de basalto.

Una habitante de la calle Pino, aledaña a la obra, afirmó que desde hace un mes empezó a sufrir mareos que le impedían hacer sus actividades diarias. Al acudir con un especialista se le detectó una inflamación de los canales del oído interno, atribuidos al polvo, al ruido de las máquinas y a la circulación de camiones pesados todo el día.

La situación en la comunidad se ha vuelto todavía más compleja, alertaron los inconformes, porque la empresa ya ha comenzado a dividir a los lugareños con ofrecimientos de dinero y de obras para que la dejen trabajar.

Según un documento obtenido por los opositores a la mina, fechado el 4 de julio de 2017 –del cual La Jornada tiene una copia–, la Secretaría del Medio Ambiente del estado de México otorgó a la mina un permiso temporal de funcionamiento en un área de 29 mil 685 metros cuadrados, con una vigencia de 12 meses, con la condición de que tramite y obtenga diversas autorizaciones que en ese momento no tenía.

En dicho oficio, la dependencia admite que no consideró pertinente realizar una visita técnica al sitio para revisar la factibilidad de las actividades de explotación del banco de roca, con el argumento de que ya había sido revisado previamente. Asimismo, reconoce que se trata de un área de uso predominantemente agrícola y de fragilidad ambiental alta.

En la descripción del terreno, omite mencionar la existencia de la escuela y el depósito de agua. Por otro lado, señala que el proyecto plantea la utilización de explosivos, pero no presentó la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional.