Madrid.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España informó que abrirá una investigación sobre las acciones de protesta y de boicot llevadas a cabo en las semanas recientes por los Comités de Defensa de la República (CDR), que se formaron en Cataluña a raíz del referendo de independencia del pasado primero de octubre y que están integrados por miembros de la sociedad civil.

Entre los actos que se analizarán como presuntos delitos destacan los bloqueos de varias carreteras, el cierre de importantes avenidas en las principales ciudades de la región y las presuntas amenazas que han recibido tanto líderes de los partidos no independentistas como los miembros del aparato judicial involucrados en las causas abiertas contra el movimiento secesionista.

Desde que el gobierno español, que encabeza el derechista Mariano Rajoy, intentó suspender el referendo de secesión por la vía de la represión y, sobre todo, desde que activó el artículo 155 de la Constitución para asumir el control de las instituciones catalanas tras la fallida declaración de independencia, los denominados CDR han intensificado sus actividades en ciudades como Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona.

En un comunicado, la fiscalía explicó que la intención de las pesquisas es llevar ante la justicia a los autores y promotores de estos actos vandálicos, que ponen en peligro no sólo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático. Y advierten que las acciones prodrían incurrir en delitos similares a los que en se utilizaron en su día para juzgar a los jóvenes vascos independentistas que llevaban a cabo la kale borroka (lucha callejera)”. De hecho, los fiscales señalan que no se puede obviar el hecho de que con sus acciones lo que se pretende es la subversión del orden constitucional.

De hecho, varios miembros del gobierno español y del Partido Popular (PP), así como de Ciudadanos, denunciaron persecución y acoso de estos grupos organizados de ciudadanos catalanes. De hecho, se les ha fortalecido la vigilancia. Asimismo, se investigarán las amenazas contra varios miembros de la judicatura, incluida la familia del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena –quien lleva el proceso contra el movimiento independentista–, que ha tenido que salir de Barcelona ante la presión social.

A la espera de que resuelva su petición de entrega al Estado español, el ex presidente catalán Carles Puigdemont dijo que el proceso de independencia se llevó a cabo de forma pacífica, pero reconoció que sí hubo algunos casos aislados de personas que se pudieron haber excedido.

Por medio de su abogado, Puigdemont señaló que aunque algunos ciudadanos pudieron haber actuado contra los agentes, dichas conductas en modo alguno podrían imputarse a los procesados, pues se trata de episodios completamente aislados.