Organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación ante la inexplicable tardanza de las autoridades federales para emitir el nuevo reglamento de la Ley General de Víctimas, que debió estar listo en septiembre del año pasado, lo que deja en la indefensión a quienes han visto agraviados sus derechos por la poca claridad y transparencia en el proceso para su aprobación.

En un documento dirigido al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, representantes de cinco organizaciones civiles que acompañan a víctimas recordaron que en enero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la ley, entre ellas la emisión de un nuevo reglamento, para lo que la normatividad establecía 180 días hábiles, que vencieron hace seis meses.

Señalaron que en la omisión también es responsable la Secretaría de Gobernación, lo que viola el marco constitucional y la propia ley. No dio prioridad a la promulgación ni da explicación razonable de su tardanza; la CEAV deja a las víctimas y sus representantes en un estado de indefensión y abona a la confusión sobre los procedimientos para acceder de forma efectiva a sus derechos.

En una misiva firmada por Juan Carlos Gutiérrez, coordinador general de I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, se advirtió que la falta del mencionado reglamento también ha generado reclamos entre colectivos y personas que han denunciado que la interpretación de la ley por parte de funcionarios, en algunos casos es arbitraria y discrecional.

Agregaron que si bien han sido convocados a algunas reuniones, se les ha informado que hay un borrador que está en consulta con diversas dependencias, pero hasta ahora no conocen su contenido para poder hacer aportaciones u observaciones; por eso exigieron que Rochín entregue los documentos que haya sobre el tema y que se diseñe una metodología para que los colectivos y sus representantes puedan participar en el proceso.