uede parecer ingenuo el obispo Salvador Rangel, de Chilpancingo-Chilapa, al pactar con narcotraficantes que no asesinen políticos en la región, pero si da resultado y tampoco meten mano en las próximas elecciones, pues yo diría que es un logro. Lo que los narcos piden a cambio también me parece bien: que los candidatos no repartan dinero para comprar el voto y que en su lugar realicen obras en las comunidades como una calle y que cumplan con lo que prometen, porque después llegan al poder y se olvidan de la gente (La Jornada y Reforma, 01 y 02/04/18). Ambas condiciones reclamadas a cambio de que las elecciones sean libres, no sólo son razonables sino que deberían de ser exigidas a todos los candidatos, incluidos los presidenciales. El obispo dijo que también les pidió que no asesinen, que no secuestren, que traten bien a la gente
y que ellos le respondieron que traficaban droga y no eran sicarios.
Para mí, lo realizado por el obispo Rangel no es ingenuo, sino un pacto atendible, razonable. No pocos narcotraficantes han dicho lo mismo desde hace años: que su negocio es la droga y no asesinar o secuestrar personas. Pero nadie les hizo caso en la esfera gubernamental, pese a que saben que la mayor parte de las drogas (en Guerrero se trata principalmente de heroína) va para Estados Unidos, donde está la principal demanda.
Que no es legal ese negocio, no está a discusión. Es ilegal, pero entre tantas cosas ilícitas que hay en México la más perjudicial para la sociedad mexicana es el asesinato y el secuestro de personas inocentes. También es ilegal especular con terrenos despojados a los campesinos, ejidatarios y comuneros para construir aeropuertos o desarrollos inmobiliarios, o aceptar sobornos para favorecer a determinadas empresas con recursos públicos y, sin embargo, no sólo no se hace nada o las autoridades se hacen de la vista gorda, sino que se molestan si un candidato presidencial dice que se revisarán a conciencia los estudios técnicos, los contratos y las supuestas licitaciones de una construcción que desde tiempos de Vicente Fox ha sido muy cuestionada. El mundo al revés. Así están las cosas. Están tan mal que Trump se da el lujo de amenazar a México con el fin del TLCAN si no paramos la exportación
de migrantes y de drogas; es decir, impedirle a la gente que busque trabajo en Estados Unidos y parar en seco la producción y transporte de drogas que se demandan crecientemente en ese país. ¿Y nosotros por qué? ¿No que muy muy Trump con su muro? Que lo haga, tal vez se logre disminuir la exportación ilegal de armas de todo tipo que venden en nuestro territorio. En México, debemos recordarlo, hace muchos años que se cerraron las tiendas de armas y que el que las compra lo hace en el mercado negro o de contrabando porque en la frontera gringa hay miles de tiendas que las venden a escala de supermercados. Si los narcos tienen armas de alto poder es claro que no las compraron en Oxxo o tiendas similares.
No sé cuántos obispos hay en México, pero sí que suman varias decenas. Si todos hicieran algo parecido a lo realizado por el de Chilpancingo-Chilapa en lugar de estarse metiendo en política o de estar protegiendo a curas pederastas, otra realidad tendríamos en el país. Si, por otro lado, los candidatos y sus dirigentes partidarios fueran honestos y no hicieran promesas que no van a cumplir, también tendríamos un país mejor. ¿Muy difícil? Sí, pero nadie ha dicho que es más fácil acabar con la producción y venta de drogas hasta ahora ilegales y que en su mayor parte se venden en el extranjero. La experiencia de la estrategia
seguida por Calderón y por Peña contra el narco no ha dado saldos positivos sino más bien lo contrario. La criminalidad y la inseguridad en México son de antología y las cifras de muertos hablan por sí solas. Si en Estados Unidos o en Gran Bretaña, con recursos muy superiores a los de nuestro país, tanto en dinero como en policías, no han podido ni de lejos acabar con la venta y consumo de drogas ilícitas, ¿por qué esperar que aquí sí podamos? Es una quimera o, por lo menos, un reto a nuestra imaginación.
No hay recetas para ponerle fin al flagelo de la delincuencia, ni siquiera en países donde la pena de muerte sigue vigente. Si cada vez hay más delincuentes e incluso asesinatos entre ellos es por una razón más o menos fácil de explicar: porque la vida vale muy poco entre quienes son en realidad sobrevivientes de la pobreza. Éstos saben que si no fallecen de disentería o falta de atención médica morirán de otras mil formas. ¿Por qué no arriesgar la vida para ganar más dinero? En la nota de Ocampo en La Jornada del lunes pasado se narra que la gente de la Costa Chica (y de la Sierra de Guerrero) se opuso a que los militares fumigaran la amapola por ser lo único que tienen para vivir. Y, al respecto, se menciona que el obispo Rangel dijo que esa acción le daba tristeza: si no les llevan un bocado a la boca, que no se lo quiten
. Tal es la pobreza de muchas zonas del país y no sólo de Guerrero. Lo que hacen esos y otros miles de campesinos es sobrevivir como pueden y si es sembrando amapola, pues ni modo, su prioridad es alimentar a su familia. En la sierra de Guerrero una hectárea de amapola le puede dar al campesino, cuando le va bien, hasta 27 mil pesos por kilo de goma de opio y puede obtener alrededor de 10 a 15 kilos tres o cuatro veces al año, en tanto que una hectárea de maíz, que produce dos veces al año si hay agua suficiente, le da 35 mil pesos. Sin comparación.
Ya que los gobernantes hacen poco para atender este problema con sensatez, que sean los obispos. Ojalá hubiera más como Rangel y menos contumacia en las instancias federales (y estatales) que, como el secretario de Gobernación, dicen que la aplicación de la ley no se negocia (como si de veras fuera cierto).
