El Estado Mayor Presidencial (EMP) elaboró un protocolo de protección para candidatos presidenciales, cuya aplicación –disponible desde ayer– se hará a petición de los interesados.

La integridad de los candidatos y, en general, del proceso electoral en curso es responsabilidad del gobierno, subrayó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

El protocolo no es nuevo. Se construyó un documento similar en 2006 y 2012. El de este año fue presentado ayer (en el sexto día de la campaña) al secretario Navarrete, y al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Por el EMP asistió el general Enrique García Jaramillo, subjefe de seguridad de esa instancia; también fue testigo el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, entre otros.

Si un candidato presidencial considera que está en riesgo podrá informarlo al INE, el cual solicitará la atención a Gobernación y ésta, a su vez, al EMP.

Para el resto de candidatos, que compitan para diputados y senadores, será la Policía Federal (PF) y las autoridades civiles las que otorguen directamente el apoyo, igualmente con base en los lineamientos del EMP.

Para los abanderados de contiendas locales, los encargados de procesar las solicitudes serán los órganos electorales estatales.

El trabajo de la PF será complementario, principalmente en traslados, en sitios de pernocta y oficinas de campaña; el apoyo se dará según el diagnóstico de la magnitud del riesgo, dijeron fuentes de Gobernación.

El secretario Navarrete dijo que es compromiso del gobierno de la República garantizar un ambiente de libertad y seguridad para el adecuado desarrollo del proceso electoral.

El gobierno, subrayó, está abierto para no entrometerse en el proceso electoral, no participar en campañas sino dar el apoyo al árbitro electoral.

El tema de la seguridad pública es un asunto no claudicable, no negociable, no allanable, que lo asumimos con toda responsabilidad y lo dejo claro para mostrar que no se trata de trasladar al INE esta responsabilidad que constitucionalmente nos obliga a los niveles de gobierno a hacerla valer muy bien, dijo Navarrete en un mensaje a medios.

Por el contrario, agregó, se trata de reconocer al INE su papel de árbitro y hacerle sentirse apoyado para la realización de su función.

Córdova reiteró que el INE no es responsable de la seguridad de los candidatos, de la campaña o de la jornada electoral del primero de julio, y tampoco será el que valore si un candidato necesita adherirse al protocolo, sino los candidatos presidenciales y/o los partidos que lo postulan. En esa eventualidad, el consejero se comprometió a tramitar sin ninguna dilación.

La seguridad y la paz pública es indispensable, pero la construcción de ello requiere definiciones bien claras, responsabilidades bien definidas, dijo.

El INE, abundó, es un organismo autónomo que se coordinará con las instancias de seguridad correspondientes. La tarea central del organismo a su cargo es organizar la elección que implica, por ejemplo, la instalación de más de 157 mil casillas en todo el país.