Pese a que usaron indebidamente el listado nominal que se les entregó, lo que implicó la exposición de datos personales de los ciudadanos, los integrantes del Instituto Estatal Electoral de Quintana Roo no serán removidos de sus cargos por un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre cuestionamientos de los consejeros Pamela San Martín, Dania Ravel y José Roberto Ruiz, quienes pidieron la remoción por la negligencia y omisión con que actuaron los miembros del instituto local, la mayoría estimó que la falta no es grave, aun cuando no notificaron al INE que realizarían un estudio estadístico con el padrón y que manipularon la información.

Jaime Castañeda, representante de Morena ante el órgano electoral, demandó actuar contra los integrantes del instituto local, en especial contra la presidenta Mayra San Román, a quien acusó de acciones recurrentes contra la ley y permitir el manejo del listado para ver quién votó y luego ir a coaccionarlo. Acusó a estos funcionarios de ser parte del equipo que instaló el ex gobernador Roberto Borge y de actuar como un cártel de delincuentes electorales con toda impunidad.

Claudia Zavala mencionó que al no haber gradualidad en las sanciones, porque sólo se tiene la opción de removerlos o remitirlos al Órgano Interno de Control del organismo, se aprobó esta última ante la queja presentada por Morena.

Los consejeros también aprobaron multas por 14.9 millones de pesos contra candidatos que presentaron irregularidades en sus reportes de ingresos y gastos. La conducta con mayor número de incidencias fue el informe extemporáneo de eventos, lo que generó sanciones por casi 8 millones de pesos, seguido por egresos no reportados, que implico una multa de 2.7 millones, y entrega tardía de ingresos y gastos, castigado con 2.1 millones.