La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llamó al presidente Enrique Peña Nieto a ejercer su derecho de veto a promulgar la reciente reforma a la Ley General de Salud, donde se incorporó la objeción de conciencia para personal médico y de enfermería.

En un oficio que le entregó ayer, por conducto de la Dirección General de Atención Ciudadana, la presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, señaló que la incorporación del artículo 10-bis va contra el derecho a la autonomía reproductiva y la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Dicho artículo no define que la objeción de conciencia en la práctica clínica no puede ni debe ser absoluta, y convertir la posición disidente en la regla general y no establece la obligación del Estado de contar en todo momento con personal médico no objetor.

Además no contempla la obligación que tiene el personal médico de remitir inmediatamente al solicitante del servicio médico, con quien pueda atenderlo; y omite precisar qué personal de los nosocomios no podrán invocar dicha objeción, por cualquier causa, independientemente de que esté en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.

En una análisis jurídico de la reforma, aprobada por el Senado el 22 de marzo pasado, señaló que tampoco se precisa la obligación del Estado para generar protocolos, con perspectiva de género y con base en estándares nacionales e internacionales que eviten prácticas que puedan considerarse discriminatorias.

Expresó que, además, tampoco se prevé que las autoridades generen protocolos que justifiquen la invocación de la objeción de conciencia en procedimientos médicos específicos, exención del cumplimiento de la praxis médica, a quién se remitirá el paciente y disponibilidad del médico en el momento requerido.

La adición tampoco establece que dicha objeción podrá ser sometida a revisión para determinar su razonabilidad, procedencia y pertinencia, mediantelos mecanismos establecidos en la profesión médica, como se establece em las normas aplicables al caso.

Hoy el Estado debe generar una regulación en materia de salud que asegure el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las distintas partes involucradas, incorporando la perspectiva de género, por lo cual, reiteró su solicitud de que envíe sus observaciones a la reforma de la Ley General de Salud.