El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, informó ayer que las pérdidas económicas generadas por el robo de combustibles en el país son de 30 mil millones de pesos anuales, incremento de 50 por ciento respecto de las estimaciones que hacía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a mediados del año pasado, las cuales era del orden de 20 mil millones.

En conferencia de prensa, en la que se anunció la adhesión de Pemex a nuevos códigos de ética en integridad corporativa, Treviño manifestó que el incremento del número de tomas clandestinas es un asunto que ya preocupa a la empresa.

Los datos más recientes de Pemex señalan que en el primer bimestre de este año la cifra de tomas clandestinas en el país llegó a 2 mil 274, 38 por ciento más respecto del mismo periodo de 2017.

No obstante, Treviño defendió la estrategia de combate al robo de combustibles emprendida por Pemex desde finales de 2016. Aseguró que el incremento en la detección de tomas es una muestra de éxito.

No es tan mala noticia, porque quiere decir que tenemos ayuda de los municipios, de la población, de los estados y de las fuerzas federales para irlas a detectar y tapar.

La estrategia de Pemex se basa en el apoyo de la SHCP, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría General de la República (PGR), el Ejército y la Marina, así como de estados y municipios.

Treviño insistió en que la empresa es víctima del delito y lamentó la falta de justicia expedita, pues de las mil 600 personas que fueron detenidas in fraganti en brechas o conduciendo camiones para hacer perforaciones apenas entre uno y 2 por ciento ha concluido proceso penal.

“Creo que si estas mil 600 personas agarradas in fraganti estuvieran en la cárcel, que es donde deben estar, tendríamos mil 600 pillos menos cometiendo ese delito”, subrayó.

Admitió que al menos 100 empleados de la empresa han sido despedidos, porque se sospechaba o tenía evidencia de que habían facilitado información para llevar a cabo el robo de combustibles.

El funcionario comentó que los esfuerzos para combatir el llamado huachicoleo han provocado un efecto cucaracha entre los grupos delictivos, los cuales se han ido a otros estados, donde se ha incrementado el número de tomas clandestinas.

Señaló que actualmente nueve entidades del país son las que concentran el mayor número.

Además de Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde se ha reportado mayormente el problema, se han incorporado Tlaxcala, estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.