Con el acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó su registro como candidato presidencial, Jaime Rodríguez Calderón iniciará ya su campaña. Aspirante peculiar ante varias disputas legales abiertas por la presunta comisión de delitos electorales y sendos procesos en el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunto financiamiento ilícito y la revisión de la legalidad de la captura de sus apoyos.

Responsable de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos –que originalmente determinó negar el registro–, Benito Nacif dijo que con independencia de todos los pendientes legales, Rodríguez Calderón asumirá la candidatura con todos sus derechos y prerrogativas vigentes, que implicarán adecuaciones del INE en materia de financiamiento público –se le otorgarán 7 millones de pesos–; asignación de promocionales, así como el derecho a tener un representante ante el Consejo General del instituto.

Además, destacó Nacif, se requerirán otras modificaciones operativas derivadas de la resolución entre las que, de entrada, destaca cambios al formato de los debates presidenciales, incluido el primero que ya había sido aprobado; modificación en el diseño de boletas y en los cuadernillos de trabajo que se utilizarán en las casillas.

Acotó que los procesos legales contra El Bronco continúan, tanto el fincado ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales –por la presunta simulación de firmas–; el de fiscalización, luego que la Unidad Técnica detectó comportamientos irregulares que podrían implicar la aportación ilegal de recursos de empresas, que tienen prohibido destinar fondos para fines electorales.

Además, el procedimiento sancionador ordenado durante la sesión en la que se le negó originalmente el registro “por los hechos posiblemente antijurídicos derivados del análisis y revisión de captación de apoyos, a partir de la información que arroja el uso de la Aplicación Móvil prevista para ese efecto –método que, se insiste, fue validado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la que se desprenden datos tales como las personas que fungieron como auxiliares, lugar, fecha y hora de captura y envío del apoyo ciudadano, así como el número del dispositivo móvil utilizado–, deberán ser materia de investigación y, en su caso, sanción”.