Elementos del Ejército y de la Policía Federal (PF) violentaron las garantías de una mujer a la que detuvieron de manera arbitraria, la retuvieron ilegalmente, la sometieron a actos de tortura y violencia sexual.

Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que dirigió una recomendación a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos; de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2012. La víctima –de quien se reserva el nombre por seguridad–, originaria de Guasave, Sinaloa, salió de esa ciudad rumbo a Mazatlán acompañada por su pareja para pasar unas vacaciones. Días después, ella tuvo que trasladarse a Zacatecas para apoyar a una amiga que tenía un hijo enfermo.

La exhibieron como delincuente

Cinco días más tarde se rencontró con su novio en la capital de San Luis Potosí. El 9 de agosto, mientras dormían en casa de unos amigos ocurrió una balacera; se dieron cuenta de que soldados y agentes de la PF eran quienes los atacaban. Los efectivos detuvieron a la agraviada y la sometieron a 34 horas de tormento.

Tras sus investigaciones, la CNDH acreditó que la mujer fue víctima de detención arbitraria y fue retenida ilegalmente en instalaciones militares, donde soldados y federales la golpearon, torturaron y abusaron sexualmente de ella (le tocaron seños, genitales y fue obligada a practicar sexo oral a algunos elementos).

El organismo nacional agregó que se presentó a la agraviada ante los medios de comunicación en San Luis Potosí como presunta delincuente, lo que ocurrió antes de ser puesta a disposición del Ministerio Público. Despúes la trasladaron vía áerea a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido), donde siguieron los tormentos para que se declarara culpable. Se le obligó a firmar documentos que no le dejaron leer y estuvo incomunicada de su familia durante varias horas.

La CNDH concluyó que con su actuar, al menos 14 militares y policiales transgredieron los derechos humanos a la libertad, seguridad jurídica e integridad personal de la mujer; mientras personal pericial de la PGR omitió documentar que las lesiones que presentaba eran compatibles con las observadas en actos de tortura.

El organismo nacional reprobó que la Sedena y la PF se hayan negado a proporcionarle los nombres y datos de identificación de los elementos aprehensores de la agraviada, y en lugar de ello sólo hayan dado un listado de claves numéricas para su identificación; tampoco se dio información veraz respecto del lugar en que permaneció retenida de manera ilegal.

Por ello, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, exhortó a los titulares de las instancias a reparar el daño a la mujer e inscribirla en el registro nacional de víctimas, colaborar en las denuncias que interpondrá por estos hechos, investigar y determinar conforme a derecho la responsabilidad de los participantes de cada instancia, entre otros.