La mejor forma de atender al campo es con una focalización territorial, cercar los límites de la actividad agrícola y ganadera para preservar la diversidad biológica y de servicios ecosistémicos, y además de que las políticas públicas reduzcan las desigualdades tecnológicas, de conocimiento y de acceso a mercados entre pequeños y grandes productores, propone el documento La nueva sociedad rural, por 14 expertos del sector agroalimentario, forestal y de medio ambiente.

Señala que el campo requiere de una visión multisectorial en regiones y territorios que se adapten a las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de cada una. Además, se debe enfocar en los ámbitos de influencia territorial que generan efectos económicos multiplicadores en comunidades colindantes.

Considera que el problema central en el campo mexicano es la pobreza por ingresos, estructural y coyuntural, por la baja productividad, la falta de acceso a protección social y los bajos salarios, así como el deterioro ambiental.

Las cifras y la proporción de pobreza extrema rural en ingresos se mantienen prácticamente iguales desde hace 20 años, a pesar de avances importantes en acceso a servicios que han reducido significativamente la pobreza medida en forma multidimensional.

Indica que la reducción de la pobreza requiere nuevas estrategias de dinamización económica de los territorios, por lo cual se requiere un cambio drástico en las políticas de transferencias condicionadas para vincularlas a la generación de ingresos e inclusión de las mujeres al mercado laboral.

El documento, elaborado, entre otros, por José Sarukhán, Gustavo Gordillo y Sergio Madrid, surgió de reuniones periódicas desde 2017 del Grupo Agenda Rural –que es una iniciativa de Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural–, plantea que los pequeños productores sean considerados por razones de justicia distributiva y de eficiencia económica.

Si estos pequeños agricultores se quieren mantener así, pueden integrarse a otros mercados mediante la promoción, con recursos públicos, empresas comunitarias que impulsen la comercialización local y regional de los numerosos productos de los ecosistemas, así como de productos agrícolas despreciados, como la vainilla, el cacao de aroma y otros.

Esto puede generar nichos de mercado que apreciarían las características orgánica, de comercio justo, de producción de comunidades indígenas con respeto a la biodiversidad y esto les abriría oportunidades de desarrollo económico.

Además, el campo requiere un presupuesto multianual, en función de los ciclos productivos, y de continuidad transexenal de las principales políticas públicas, así como revisar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural con objetivos de largo plazo y no en la suma de programas actuales.

Destaca que es escasa la atención que las autoridades del sector y las políticas públicas le dan a las tierras ejidales de uso común, que representan más de 60 por ciento de la propiedad social y que muchas de ellas han sido repartidas internamente en los ejidos y desmontadas para trabajarlas. De 196.4 millones de hectáreas que abarca el territorio nacional, los ejidos y las comunidades ocupan aproximadamente 52.5 por ciento de la República.