Después de tres días de fuego cruzado que reventó la credibilidad institucional, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se presentaron para intentar la defensa de su maltrecha honra. Y lo hicieron sin bajarse del pedestal y sin dejar de asumirse como la última palabra en materia jurisdiccional, sin asomo alguno de autocrítica.

Conferencia de prensa para concluir que el culpable de todo esto no es el inmaculado tribunal, que sólo emitió un fallo en aras del debido proceso, ni Jaime Rodríguez Calderón, víctima de la violación a su derecho de presunción de inocencia. El responsable es el INE por andar innovando una aplicación que terminó por ser un siniestro instrumento tecnológico que propició el quebrantamiento de los derechos de Rodríguez Calderón.

Llegaron seis magistrados, nunca mejor dicho, juntos pero no revueltos. Convocada como conferencia del TEPJF, la presidenta Janine Otálora –quien se opuso hasta el final a esa decisión– se deslindó con elegancia del desastre provocado por sus colegas que aprobaron la sentencia por la cual se subió a El Bronco a la contienda presidencial.

Otálora cedió la palabra a los ponentes: Son quienes tienen el conocimiento totalmente a detalle de la sentencia, dijo con sobriedad, aunque sonó con ironía. No volvió a hablar más que para despedirse.

Felipe Fuentes Barrera, magistrado ponente de la sentencia de marras, quien inventó la inferencia numérica como nuevo método para apuntalar la certeza jurídica –que, eso sí, garantiza el tribunal– no se apartó del guión original, el mismo que aprobaron aquella infausta madrugada en la que decidieron que Jaime Rodríguez Calderón. El Bronco, sería candidato por orden del máximo tribunal que dictó sentencia inapelable.

Aludió a las expresiones de preocupación de la sociedad antes de recetar el mismo discurso que las propiciaron, con sólo una acotación que pretendía justificar la resolución: Es del conocimiento público que hay en otras instancias, penales y administrativas, cuestionamientos de otra naturaleza sobre las que no nos pronunciamos en esta sentencia, pero que siguen su curso y habrán de resolverse en otro momento.

Traducción: todas las trampas de El Bronco corren por otro carril. Si incluyó a muertos, si eran duplicados, si se simularon firmas, si se entregaron irregularmente copias… toda esa gama de travesuras –como diría el propio Rodríguez Calderón– que podrían convertirse en delitos electorales corren por otro carril. Los magistrados ni las vieron… esta vez, porque a los simples aspirantes a diputados y senadores, que también las intentaron, no les pasó nada.

Sin dejar su altivez y su ostensible animadversión al INE, el magistrado José Luis Vargas vino a dar cuenta de que la aplicación ideada por el instituto para hacer transparentes los apoyos a los independientes era una truculenta forma de dejar indefensos a los aspirantes. No a todos, claro, nada más a El Bronco, pues del resto, ni quien se acuerde que al fin juzgados ya están.

Una vez que el aspirante obtenía un apoyo ciudadano y éste era capturado por la app, toda la información se transmitía al INE y sólo esta institución conservaba el número de folios sin mayores datos. Esto provocó que, en aquellos casos en los que la autoridad administrativa determinaba que cierto apoyo no era válido, el aspirante no pudiera comprobar lo contrario. Este tribunal reconoce que el aspirante sí acudió en diversas ocasiones a intentar ejercer su derecho, lo que no pudo hacer plenamente porque acudía a ciegas.

–¿Por qué sólo a El Bronco le permitieron eso? –se le preguntó.

Pero no hubo respuesta.

Tras la presentación de unas gráficas con las que apuntalaron su ejercicio prospectivo para dar por bueno a El Bronco, vendría un brevísimo periodo de preguntas y respuestas que sólo profundizó las sospechas acerca de las razones o sinrazones de la decisión de los magistrados.

Con señas, Vargas preparaba la huida. Con señas, operaba la conclusión de la conferencia con quien la conducía. No más de tres preguntas antes de levantarse de su asiento. Y en plenitud de jurisdicción, con las expresiones de preocupación social aún en el aire, los magistrados salieron en tropel.