Con objeto de que funcionarios públicos, desde el Presidente hasta secretarios del gabinete, gobernadores, ministros, magistrados, legisladores federales y locales, así como titulares de los órganos autónomos, no se sirvan del cargo para cometer ilícitos, el PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para retirar la inmunidad y el fuero del que gozan actualmente.

Por primera vez, el PRI aceptó considerar el retiro de la inmunidad al presidente, que hasta ahora sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Es una propuesta integral e incluyente y va más allá de todas las que con anterioridad han sido presentadas, porque elimina por completo el fuero para todos los servidores públicos, sin distinción alguna, explicó el coordinador de la bancada, Carlos Iriarte Mercado.

Desde la tribuna, explicó que la reforma mantiene; sin embargo, la inviolabilidad de los recintos del Congreso de la Unión y los congresos estatales, así como la protección a los legisladores para expresarse sin ser reconvenidos, figura que dio origen al fuero, pero se desvirtuó en la historia del país.

También refirió que la iniciativa considera que, en caso de que por decisión judicial un funcionario público sea sujeto a prisión preventiva, será separado del cargo, sin posibilidad de ser restituido, aunque quede en libertad antes del término de su función.

De ser aprobada esta iniciativa, todas las personas en el servicio público, sin excepción, enfrentarán en su caso la responsabilidad penal o administrativa sin distinción procesal alguna. Se trata de garantizar lo que ha dicho nuestro candidato presidencial, José Antonio Meade, que en el país no haya más privilegio que el de ser mexicano, y todo servidor público que cometa un delito comparezca como cualquier ciudadano ante las autoridades y no pueda volver a ocupar su cargo bajo ninguna circunstancia. No habrá fuero para nadie, todos iguales ante la ley y la ley por encima de todos, expresó.

La propuesta, que tiene el respaldo de PVEM y Panal, busca inhibir drásticamente la intención de servidores públicos de cometer ilícitos en detrimento de todos los mexicanos, amparados bajo la protección constitucional de la que han abusado.

También resalta que constituye una respuesta al clamor social por la desaparición del fuero constitucional, al que la sociedad considera como una armadura con la que se escudan personas que han delinquido. En la práctica, la Cámara de Diputados suele ser capturada por los actores políticos, dificultando con ello el desahogo rápido y oportuno de las solicitudes de desafuero.