Para evitar que las solicitudes de juicio político y desafuero queden en empate y sean desechadas, la Cámara de Diputados amplió de cuatro a cinco los integrantes de la sección instructora encargada de decidir si retira la inmunidad a funcionarios y legisladores. Sin embargo, la reforma entrará en vigor hasta la próxima Legislatura, por lo que los recursos contra los ex colaboradores de Javier Duarte y la diputada Bárbara Botello quedan fuera del alcance de la nueva integración.

Ayer, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 310 votos, la reforma al artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que agrega un integrante a la sección instructora y a la de enjuiciamiento, en el Senado, que se encargan de realizar las diligencias, elaborar los dictámenes y aprobar los juicio políticos y desafueros de funcionarios.

Antes, el perredista Jesús Valencia, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, explicó una propuesta de modificación para que el quinto elemento se integre 90 días después de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, y que los asuntos que están ya en trámite sigan su curso sólo con cuatro miembros. Todo ello también fue avalado.

Número impar de integrantes

En octubre de 2017 dicha instancia analizó la solicitud de desafuero del diputado priísta Antonio Tarek Abdala Saad, ex tesorero de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, y de Alberto Silva, ex vocero del mismo gobierno. El tema quedó empatado con dos votos del tricolor por la no procedencia del caso y dos votos a favor, de PAN y PRD.

Hemos determinado que, al haber un número impar, existen más posibilidad de tomar determinaciones que eviten el empantanamiento, esperamos que esta resolución impida parálisis y atascos, indicó Valencia.

En la actual Legislatura, la Cámara de Diputados únicamente se ha erigido como jurado para iniciar un proceso de declaratoria de procedencia (desafuero) contra la diputada local por Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, quien fue ligada con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Cahapo Guzmán.

Entre los temas que aún tiene pendientes se encuentra la denuncia de juicio contra la priísta Bárbara Botello, ex alcaldesa de León, Guanajuato, acusada de peculado.

Entre 2003 y 2017 en la Cámara de Diputados se acumularon 356 denuncias de juicio político, de las cuales, 109 ya fueron desechadas al prescribir las solicitudes, por lo que Valencia reconoció que la modificación no resolverá el rezago.