Organizaciones sindicales independientes, académicos, magistrados e integrantes del Poder Judicial reiteraron en el Senado el llamado a que no se apruebe al vapor la legislación secundaria en materia laboral y demandaron ampliar a cuatro años el plazo para que entre en vigor, ya que los 12 meses establecidos por el Congreso son insuficientes para una modificación de esa magnitud.

Durante un foro en la materia, convocado por la Campaña Reforma Laboral para Todos, el Observatorio Ciudadano y la Fundación Friedrich Ebert, la presidenta de la Junta Local de Conciliación de Ciudad de México, Margarita Darlene Rojas Olvera, dijo que se requiere que haya un presupuesto etiquetado, toda vez que poner en marcha el nuevo sistema de justicia a escala federal y estatal tendrá un costo hasta de 10 mil millones de pesos.

Ni la iniciativa del PRI, que el gobierno pretende tomar de base para dictaminar, ni ninguna de las otras, incluyeron un presupuesto y entonces, ¿con que dinero, con qué instalaciones y con qué personal se va a impartir la justicia laboral, luego de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje?, preguntó el magistrado de circuito Héctor Arturo Mercado.

Expuso que en el país no existen jueces y magistrados en materia laboral suficientes para soportar la carga de un sistema de justicia altamente eficiente. Se requiere prepararlos y eso lleva dos o tres años y eso cuesta, por lo que se requiere presupuesto para ello y para las instalaciones. ¿O qué, vamos a rentar la casa que está al lado y ahí atender o vamos a seguir en las instalaciones que ahora ocupan las juntas de conciliación federal y local, muchas con deficiencias serias?.

En su intervención, Rojas Olvera comentó que hay intereses políticos desde el gobierno para aprobar el proyecto del PRI, pero afortunadamente no se han concretado, toda vez que sin presupuesto y sin un plazo razonable para ponerla en operación, no va a funcionar y no habrá una justicia expedita, sino los mismos juicios obrero patronales lentos, que tardan más de cuatro años en resolverse.

La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje recordó que todas las reformas en materia de justicia tuvieron hasta 11 años para implementarse. Fue el caso de Justicia para Adolescentes o el nuevo modelo penal, con un periodo de ocho años antes de comenzar a operar. No fue el caso del nuevo modelo laboral.

Durante el foro, representantes de la Campaña Reforma Laboral para Todos insistieron en que existe la amenaza de albazo la próxima semana, por lo que llevarán a cabo un plantón fuera del Senado a fin de impedir que se apruebe la cuestionada iniciativa que impulsan representantes de la CTM y la CROC a través del PRI en el Senado.

El secretario de la Comisión de Trabajo de esa cámara, Luis Humberto Fernández, senador del PT-Morena, dijo que pese al riesgo que implica, la intención de madrugar del PRI es evidente, por lo que se requiere que todos estén atentos para frenar la aprobación de esa ley que demoledora de los derechos fundamentales de los trabajadores”.