Senadores de oposición insistirán en que antes del 30 de abril se apruebe la iniciativa para proteger a niños y adolescentes extranjeros que viajan solos o separados de sus familias por territorio nacional, rumbo a Estados Unidos, toda vez que su número se incrementa cada año, al igual que las agresiones y vejaciones que sufren en manos de la delincuencia organizada y los abusos por parte de autoridades corruptas.

Hasta ahora la única respuesta del Estado mexicano a ese complejo problema es la detención y repatriación automática de migrantes provenientes del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y el Salvador, países que han abandonado debido a la violencia que pone en peligro sus vidas, se advierte en el proyecto de dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Migratorios, que encabeza Layda Sansores, del PT Morena.

En el mismo se resalta que de acuerdo con datos oficiales, en 2016 el Instituto Nacional de Migración (INM) llevó a sus estaciones a 40 mil 542 menores –casi lo doble que en 2014– y 34 mil 56 fueron devueltos a sus países de origen. Ese mismo año, 242 solicitaron el reconocimiento de refugiados, pero sólo 96 lo lograron.

El proyecto de dictamen, elaborado con base en cuatro iniciativas de senadores, propone la creación de centros de atención y protección integral para niños, niñas y adolescentes –que estarán a cargo del DIF nacional y los estatales– y en los que deberán gozar en todo momento de los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales.

Se plantea que a los niños extranjeros que viajan solos o separados de sus familias se les concederá de inmediato la estancia por motivos humanitarios, “como medida de carácter temporal, mientras la Procuraduría de Protección determina la restitución de derechos y se canalizan al DIF.

El Estado mexicano se comprometerá a no repatriar a menores que viajen solos o separados de sus familias a un país donde exista peligro real de daño a su integridad o derechos fundamentales. “En ese sentido, la implementación del interés superior del niño debe evitar que se hagan devoluciones sin hacer antes una investigación detallada y profunda de las razones de su migración y los riesgos que correrían.

La detención, se insiste en el dictamen, debe ser el último recursos y deberá ser por el menor tiempo y en casos excepcionales.

Los peligros, las adversidades que enfrenta la población infantil en contexto de movilidad ,son aún mayores que las que enfrentan los adultos y por ello se buscan armonizar las políticas y las leyes mexicanas con los instrumentos internacionales en materia de derechos de la infancia.

Sobre todo porque el incremento de la violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras y las políticas de contención cada vez más agresivas de Estados Unidos, derivarán en que los niños y adolescentes que viajan solos se queden en territorio mexicano de manera temporal o permanente, y busquen aquí la protección internacio-nal requerida.