Madrid.

Cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en Barcelona para exigir la liberación de los presos políticos, en referencia a los dirigentes independentistas encarcelados por su participación en el proceso de independencia unilateral de octubre pasado. La protesta fue presidida por Roger Torrent, presidente del Parlamento regional, y Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

Con banderas independentistas, pancartas y lazos amarillos –el color elegido como símbolo de la campaña en favor de la liberación de los presos políticos–, más de 300 mil personas, según la estimación de la policía municipal, recorrieron las principales calles de la capital catalana para exigir la liberación de los dirigentes independentistas y que se permita volver del exilio a los huyeron del país ante su inminente detención.

Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, lleva el caso contra los líderes del proceso secesionista y hasta la fecha tiene imputadas a 25 personas, entre ellos Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ex vicepresidente, nueve ex consejeros (ministros) y los dirigentes sociales Jordi y Sánchez y Jordi Cruixart.

La manifestación fue respaldada por el conjunto de partidos y organizaciones independentistas, pero también por el partido de la alcaldesa de Barcelona, Cataluña en Común –cuya postura respecto de la secesión de España es ambigua–, así como diversos sindicatos, incluidos los dos más representativos del Estado español, UGT y Comisiones Obreras.

Tras finalizar la marcha, todas las organizaciones pidieron diálogo para dar una salida negociada a lo que definieron como un problema político, en el que lo primero que se debe hacer, a su entender, es liberar a los presos políticos y permitir el regreso de los dirigentes que se encuentran en Suiza, Alemania, Bélgica y Escocia.

Mientras, en las principales ciudades españolas, pero sobre todo en Madrid, Bilbao, Sevilla y Santiago de Compostela, se manifestaron decenas de miles de jubilados que siguen en pie de lucha por un incremento en su pensión vitalicia. El movimiento por una jubilación digna exige al gobierno español, que encabeza Mariano Rajoy, un aumento mayor al propuesto de 0.25 por ciento, pero sobre todo que se apruebe una legislación que garantice que las pensiones se incrementen al mismo ritmo que la inflación.

Líderes de la revolución de los jubilados advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta que se cumplan sus exigencias.