A partir de que se recrudeció la guerra contra las drogas en la década reciente, el crimen organizado ha logrado cooptar o someter a poblaciones rurales para la producción, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, como el robo de combustible, señala el documento La nueva sociedad rural, que surgió del Grupo Agenda Rural, iniciativa de Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Advierte que se ha erosionado la gobernabilidad en algunas regiones del territorio nacional, por lo que se debe reconocer la realidad de sus pobladores, que desde hace décadas participan en el cultivo y recolección de drogas ilegales. Considera que es inaplazable impulsar una discusión nacional sobre la descriminalización y legalización de las drogas.

Agrega que hay zonas donde empresas mineras y energéticas han intensificado sus actividades sin la debida consulta y concertación con los habitantes locales, por lo general dueños de recursos naturales, lo cual ha multiplicado la movilización en defensa de los territorios.

Estos impactos a la gobernabilidad rural deben ser resueltos mediante el fortalecimiento, transparencia y democratización de los gobiernos locales así como de los mecanismos de gobernanza de los ejidos y de las comunidades y de concertación con agentes económicos regionales, nacionales e internacionales, considera.

Ante este panorama, se pregunta qué nuevo tipo de gobernanza debe ser construida en las zonas rurales de México. Y plantea que se debería trabajar dentro del propio gobierno para asegurar la coordinación y concurrencia de las políticas públicas, así como precisar qué responsabilidades tiene cada dependencia y cómo se deben operar.

Además, indica, el Congreso debe ser parte de esta solución, no sólo en la discusión del presupuesto orientado al campo sino también en el debate y aprobación del marco regulatorio y de las transformaciones institucionales en las instancias relacionadas con el campo.