La octava Cumbre de las Américas emitió una declaración sobre Venezuela, en la que los países participantes hacen un urgente llamado al gobierno bolivariano para que lleve a cabo elecciones presidenciales con las garantías necesarias y sea un proceso libre, transparente y democrático, sin presos políticos. Señala que si no cumple con estas condiciones, el proceso carecerá de legitimidad y credibilidad.

La declaración sobre la República Bolivariana de Venezuela –difundida en México por la Secretaría de Relaciones Exteriores– puntualiza que en dicho país hay un persistente quiebre del orden constitucional y el agravamiento de la crisis política económica, social y humanitaria.

El documento es firmado por 15 jefes de Estado y el vicepresidente de Estados Unidos, quienes refrendan su apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela y exhortan a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos para el restablecimiento de la democracia en ese país.

Por ello, los jefes de Estado de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y el vicepresidente de Estados Unidos expresan su determinación de seguir impulsando, especialmente en la Organización de los Estados Americanos (OEA), acciones e iniciativas para restaurar la democracia, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela.

También exhortan a los organismos especializados, agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas y la OEA a implementar de manera inmediata un programa de asistencia humanitaria en Venezuela. Esto es para aliviar la situación de sufrimiento y escasez que padece el pueblo de ese país.

En el documento reiteran su llamado al gobierno de Nicolás Maduro, para que permita el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria que mitigue los graves efectos del desabastecimiento, especialmente de alimentos y medicinas.

Los gobiernos firmantes expresan su profunda preocupación por el creciente éxodo de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país como producto de la crisis y exhortan a los organismos internacionales a elaborar de manera inmediata, un programa de apoyo y fortalecimiento de capacidades de los países de la región para atender las distintas necesidades, incluidas las de seguridad, derivadas de dicho éxodo.

Subrayan la importancia de que los países apoyen la recuperación económica de esa nación, cuando se haya restaurado el orden democrático y constitucional.

Por último, detallan que sólo serán reconocidos los actos jurídicos que apruebe la Asamblea Nacional de Venezuela, y considerarán las nuevas medidas que contribuyan al pleno respecto de las facultades constitucionales en materia económica y financiera.