Veracruz, Vrz.

En los siete meses recientes, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares descontó a 3 mil 300 burócratas de Veracruz 48 millones de pesos para pagar créditos adquiridos vía nómina, sin que los haya amortizado y sin que se sepa el destino del dinero, según una denuncia penal interpuesta por la empresa Intermercado SA de CV, que acusa al político panista de fraude, retención indebida de cosa mueble y abuso de confianza, tipificados en los artículos 213 al 216 del Código Penal del estado.

Entre febrero y marzo de 2017, al iniciarse la administración de Yunes, los titulares de las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Clementina Guerrero García, y de Educación de Veracruz (SEV), Enrique Pérez Rodríguez, suscribieron convenios con Intermercado para otorgar préstamos en efectivo a los trabajadores al servicio del estado.

Se acordó que las secretarías aplicarían descuentos en la nómina a los trabajadores y que por medio de la Sefiplan transferirían el dinero a la compañía para amortizar los adeudos. Pero los convenios fueron cancelados meses después; las retenciones continuaron, pero la Sefiplan ya no entregó el dinero a Intermercado.

Documentos de la compañía acreditan la retención de 48 millones de pesos hasta marzo de este año. El monto es reconocido por ambas dependencias en una cadena de correos electrónicos en los que notifican a la empresa, quincena tras quincena, la aplicación de los descuentos a los trabajadores.

Por la retención de los recursos, la sociedad financiera interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el actual secretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini, y otros funcionarios de esa dependencia.

“La omisión de realizar el pago descrito (…) lesiona también los intereses de los trabajadores que contrataron créditos (con Intermercado, pues) se colocan en el momento actual como deudores morosos”, se lee en la denuncia.

El dinero que debió ser entregado de inmediato a la sociedad no formaba parte de presupuesto alguno del estado y no está claro el destino de esos recursos.

Los convenios de colaboración fueron terminados por las dependencias en diciembre de 2017. Desde entonces la empresa Intermercado ya no otorga préstamos a los burócratas.

Siguiendo el mismo mecanismo, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa defraudó a los trabajadores al servicio del gobierno del estado y desapareció más de mil millones de pesos en su sexenio.

En mayo de 2016, la administración encabezada por Duarte canceló los préstamos con descuentos vía nómina por considerar que perjudicaban a los trabajadores. Luego realizó convenios idénticos con sociedades financieras, entre ellas Intermercado. Ese año, por la retención indebida de recursos, Intermercado interpuso siete denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra funcionarios duartistas.

Por no pagar a empresas prestamistas en 2016, el gobierno de Duarte afectó a más de 4 mil 500 trabajadores, quienes terminaron con calificación negativa en el Buró de Crédito.

Esa misma suerte podrían correr 3 mil 300 burócratas más por no estar al corriente en la amortización de sus préstamos. Sin estar enterados, podrían enfrentar reclamos de pago por vías mercantiles y judiciales.

El 15 de febrero pasado la Sefiplan recibió un requerimiento de Intermercado por una cartera vencida de 34 millones de pesos hasta entonces.

El director jurídico de la empresa, Helios Castro Rico, refirió que la sociedad decidió interponer ante la FGE la reclamación judicial de pago a las dependencias del gobierno de Veracruz y en las siguientes semanas lo harán ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Este recurso no es del erario. El gobierno del estado hace retenciones vía nómina y tendría que depositarlas a nosotros, que somos los titulares legítimos. Al no hacerlo, estamos obligados a reportar al Buró de Crédito a 3 mil 300 trabajadores, refirió el representante legal de la sociedad financiera.