a polémica en torno del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) se reavivó el lunes anterior cuando Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso y el hombre más acaudalado del país, defendió la continuidad de ese proyecto y descalificó la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, de suspender la obra en Texcoco, revisar la transparencia de los contratos y transferirlos a un nuevo proyecto que se situaría en la actual base aérea militar de Santa Lucía. Según Slim, detener la obra en curso significaría frenar el desarrollo del país y agregó que los candidatos presidenciales no tienen por qué meterse en el tema.

El ex jefe del Gobierno capitalino respondió que si el magnate salió en defensa de la terminal aérea en Texcoco fue porque (el ex presidente Carlos) Salinas o (el presidente Enrique) Peña lo están utilizando y, tras reconocer que Slim está en su derecho de opinar lo que quiera, señaló: Si es como dice él, un buen negocio, que lo haga con su dinero; si lo hace así se le puede dar la concesión.

El intercambio intensificó el debate público y diversos funcionarios del actual gobierno se involucraron. El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, desmintió que la defensa del NAICM por parte de Slim fuera hecha a solicitud de Peña. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que de no construirse la terminal de Texcoco los beneficiados serían los aeropuertos estadunidenses; en tanto que Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, elogió al dueño de Telmex y América Móvil por haber salido en defensa de la obra. Los candidatos presidenciales Ricardo Anaya (coalición México al Frente) y José Antonio Meade (Todos por México) renovaron sus críticas a la postura del tabasqueño.

Lo cierto es que la actual administración tendrá que pasar sus últimos meses tratando de mantener a flote su proyecto de nuevo aeropuerto y la polémica está ya incorporada de manera irremediable en las campañas electorales de cara a la elección del próximo primero de julio; la obra, en tanto, se encuentra en una encrucijada y su continuación y terminación en el sitio previsto o su desplazamiento a otra ubicación dependerán en buena medida de los resultados de los comicios.

Al margen de las posturas encontradas, e independiente de las razones técnicas, urbanísticas, ambientales, sociales, económicas y administrativas esgrimidas por ambos bandos, lo que exhibe este debate es el conjunto de fallos y omisiones en la forma de adoptar e implantar la decisión del NAICM. La actual administración presentó y echó a andar el proyecto sin convocar primero a su análisis y discusión a fondo, sin tomar en cuenta los viejos reparos sociales y ambientales y sin considerar que una instalación de esa magnitud e impacto, cuya ejecución trascendía los límites del sexenio, no sólo necesitaba un estudio más que minucioso en materia de mecánica de suelos, sino también un cimiento social sólido y un consenso tanto de expertos como de la opinión pública.

Eso ocurrió en 2014, cuando la presidencia de Peña Nieto se encontraba en su punto de apogeo. Cuatro años más tarde, cuando el gobierno carga con una credibilidad ciudadana erosionada, una popularidad disminuida y un margen de maniobra reducido por la inminencia del fin del régimen, las omisiones cometidas en la forma de imponer la decisión salen a la luz en forma de cuestionamientos múltiples que van desde los problemas de cimentación y aeronavegabilidad hasta la opacidad que ha caracterizado la ejecución del proyecto, y el país se enfrenta a un dilema sin salida fácil: tal vez sea demasiado tarde para detener las obras, pero sería impensable concluirlas haciendo caso omiso de los múltiples cuestionamientos de que han sido objeto.

Sea cual sea el futuro del NAICM, el episodio debiera ser tomado como escarmiento por los estamentos gubernamentales, políticos y sociales de México y dejar al menos una moraleja: no es prudente ni sensato emprender megaproyectos como el referido sin antes escuchar a todas las voces, sin proporcionar a la población toda la información debida, sin agotar las instancias del diálogo y el debate y sin construir acuerdos sólidos y perdurables, tanto en lo técnico como en lo social, lo político y lo económico.