Por unanimidad, el Senado aprobó reformas encaminadas a proteger a los niños y adolescentes extranjeros que viajan solos o separados de sus familias por el territorio nacional rumbo a Estados Unidos y que en adelante no podrán ser detenidos.

De 2015 a la fecha, el gobierno mexicano encarceló a 99 mil 319 niños provenientes sobre todo de Centroamérica, lo que motivó recomendaciones de organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo consideró una arbitrariedad, recalcó la senadora del Partido del Trabajo Layda Sansores.

La presidenta de la Comisión de Migración expuso que las reformas ayer aprobadas (por 70 votos a favor y cero en contra) acaban con esa arbitrariedad, ya que obligan al Estado mexicano a fundar albergues para los menores de El Salvador, Honduras y Guatemala y en general para la infancia migrante.

Las modificaciones a las leyes de Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político obligan a dar una visa humanitaria a los menores, que no podrán ya ser detenidos en las estaciones migratorias ni deportados a sus países de origen sin un estudio previo que demuestre que su vida no corre peligro.

Al aprobar esa reforma, es un rasguñito al señor (presidente de Estados Unidos, Donald)Trump, porque mientras él construye muros, nosotros decidimos romper los muros de las cárceles en las que se encuentran tantos niños migrantes, recalcó la senadora Sansores.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, comentó que es una reforma trascendental que atiende recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Es muy importe, recalcó, que no sea el Instituto Nacional de Migración, sino el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el encargado de atender y proteger los derechos de los niños y adolescentes migrantes.

Hilda Flores, senadora del PRI, expuso que los cambios armonizan la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –una iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto– con la Ley de Migración.