Resolución del Inai permite a la procuraduría federal ocultar datos, afirma R3D
Miércoles 18 de abril de 2018, p. 15
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señaló que la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para que la Procuraduría General de la República (PGR) entregue la versión pública del contrato de adquisición del software de espionaje Pegasus favorece la opacidad, ya que permite que muchos otros datos permanezcan sin conocerse, por lo que impugnará esa decisión ante los tribunales.
En un comunicado, la organización recordó que el Inai instruyó a la PGR entregar la versión pública del contrato que suscribió con la empresa Grupo Tech Bull SA, relacionado con la adquisición de cualquier software o herramienta tecnológica desarrollada por NSO Group o alguna de sus filiales o subsidiarias, entre 2000 y 2017.
No obstante, R3D enfatizó que la resolución del Inai permite a la procuraduría mantener ocultas las especificaciones técnicas del equipo adquirido, los procedimientos relacionados con su operatividad y los nombres, cargos y firmas de las personas físicas que participaron en la adquisición.
Omisión contraria a derecho
La omisión de esta información es contraria al derecho de acceso a la información, especialmente cuando los datos testados han sido previamente revelados por investigaciones periodísticas
, señaló el colectivo.
Entre esos datos figura un contrato de adquisición del software Pegasus, firmado en octubre de 2014 por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, y el apoderado legal de Grupo Tech Bull, Luis Armando Pérez Herrero.
Además de lo anterior, puntualizó R3D, el Inai omite ordenar a la PGR la entrega de otros documentos relacionados con el proceso de adjudicación del contrato, centrándose únicamente en el contrato localizado
.
Aunque el instituto de transparencia reconoce que es importante que la ciudadanía conozca los términos de la contratación de las herramientas tecnológicas
adquiridas por la procuraduría federal, la decisión no cumple con este precepto, subrayó el colectivo, por lo cual en los próximos días la impugnará ante el Poder Judicial de la Federación.