Recuerda la bancada sus supuestos nexos con el halconazo del 71
Sábado 21 de abril de 2018, p. 26
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa (ALDF) impedirá al grupo parlamentario de Morena expresar su rechazo a la decisión de entregar la medalla al Mérito Ciudadano al arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez por haber protegido
a integrantes del grupo paramilitar halcones tras su participación en la matanza del 10 de junio de 1971 en Santo Tomás.
El órgano dictaminador decidió suprimir las participaciones de todos los grupos parlamentarios en la sesión solemne que se realizará el próximo miércoles para entregar la condecoración.
El pasado 23 de marzo, durante la sesión del pleno en la que se aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Participación Ciudadana con la lista de las personas que recibirán la medalla, el diputado Alfonso Suárez del Real indicó que su bancada votaría a favor por consideración al resto de las personas que recibirán el reconocimiento, pero hizo patente su desacuerdo con la inclusión de Álvarez Ordóñez y adelantó que así lo manifestarían en la entrega del galardón.
La Comisión de Gobierno, que preside el PRD, emitió un acuerdo que modificó el formato de la sesión, en el que la diputada de Movimiento Ciudadano, Vania Ávila García, será la única que dará un posicionamiento hasta por 10 minutos ante el pleno como presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana.
Posteriormente, una de las personas que recibirán la medalla dirigirá un mensaje desde la tribuna del pleno a nombre de los galardonados, entre los que están también el fundador de la fundación Teletón México, Pedro Fernando Landeros Verdugo, y la presidenta de la asociación Comedores Santa María, María Alicia Mier y Terán Sierra.
En el formato predeterminado que la Comisión de Gobierno modificó, además del posicionamiento del legislador que preside el órgano que dictaminó la entrega del reconocimiento, se concede también el uso de la tribuna a un diputado de cada grupo parlamentario, espacio en el que Morena pretendía evidenciar el caso de Álvarez Ordóñez.
Suárez del Real explicó que el arquitecto estaba al frente de la dirección general de Obras Públicas del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) y fue señalado en varias publicaciones de haber ocultado en la nómi- na de la dependencia, como empleados de asfaltado y recolección de basura, a integrantes del grupo paramilitar que cometió la agresión en el jueves de Corpus.
El diccionario La clase política mexicana, de Pedro López Díaz, en la colección Nuestro Tiempo de La Jornada Ediciones, refiere que Álvarez Ordóñez fundó y presidió varias asociaciones de profesionistas, como Arquitectos Revolucionarios de México y la Academia Mexicana de Arquitectura.
Como militante activo del PRI fue diputado federal en las legislaturas LI y LIV; ocupó la Secretaría de Acción Política en el DF y dentro de su trayectoria en la administración pública estuvo al frente de la subdirección general de Obras y Patrimonio Inmobiliario del IMSS cuando se construyeron las torres de ginecobstetricia del Hospital General y las de internamiento y residencia médica del Juárez, que colapsaron en los sismos de 1985.