l rechazo a la siembra de soya transgénica es unánime en la península de Yucatán. Monsanto tuvo una derrota histórica en esta región devastada por el monocultivo industrial que llegó de la mano de los menonitas, pero la empresa no se dio por vencida y, al parecer, el gobierno tampoco, pues cualquier lógica indicaría que si el permiso fue cancelado por un juez, entonces no hay nada que consultar, tal como les explicaron esta semana las autoridades tradicionales de cuatro comunidades mayas a los representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, que intentaron iniciar una consulta inapropiada.

¿No se debió consultar antes de dar el permiso a Monsanto en 2012, para que fuera previa? ¿No se debió informar debidamente a la población sobre las consecuencias a su salud y al medio ambiente de la siembra de transgénicos sobre sus tierras? ¿Por qué intentan realizar una consulta cuando ya se ganó la suspensión del permiso? ¿A qué juega la empresa? ¿Y las autoridades federales?

Siendo la consulta un derecho de los pueblos indígenas, ¿por qué los funcionarios insisten en dirigirse a las autoridades ejidales y de asuntos municipales de las comunidades? ¿Por qué no establecen comunicación con las autoridades tradicionales o representantes indígenas, y en el caso de la península, con el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar? ¿No tienen conocimiento de que los representantes ejidales no tienen atribuciones para los trámites de los asuntos indígenas? En todo caso, si por alguna razón no lo saben, las cuatro comunidades implicadas se los dejaron claro los pasados 17 y 18 de abril.

Los pueblos mayas no rechazan su derecho a ser consultados sobre todos los asuntos que los afectan, ni se niegan a que se ejecute una resolución, sólo dejan claro que no se puede realizar por el momento una consulta sobre un permiso que fue cancelado a Monsanto, cuyo proceso, además, no se está llevando a cabo mediante sus representantes tradicionales.

Reunidos en Mérida el pasado 16 de abril, los mayas de la península que defienden su territorio de las políticas públicas que la mercantilizan, exigieron un alto a las políticas públicas que, suplantando nuestra palabra, en claro perjuicio de nuestras comunidades y nuestros modos de vida y en beneficio de las grandes empresas, deciden atropellar nuestros derechos, al mismo tiempo que en un contexto de ilegalidad violan leyes, decretos y acuerdos que ellos mismos han emitido.

Nos encontramos, conversamos, tomamos acuerdo y decidimos seguir luchando juntos, advirtieron en un foro histórico.

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