n sondeo reciente de Citibanamex reveló que casi dos terceras partes de la población estiman que las reformas estructurales “nunca” beneficiarán a la población “en general”. Además, durante los dos años anteriores, esta creencia se elevó: 42 por ciento la compartía en octubre 2015, pero para septiembre 2017 ya alcanzaba 60 por ciento.
Simultáneamente, la proporción de aquellos que les otorgan el “beneficio de la duda” y consideran que “deben madurar” antes que “puedan” verse sus beneficios, disminuyó de 45 a 32 por ciento. También ocurre que se redujo, de 9 a 5 por ciento, el número de quien aguardaba que sus “beneficios” fueran “ya perceptibles” ( El Economista, 2/4/2018).
La nunca presentada reforma de la salud anunciada por el presidente Peña Nieto desde el Pacto por México –siguiendo las propuestas de Santiago Levy/ Funsalud/Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)– y publicitada (durante los años 2013-2015) hasta el hartazgo por la –entonces– secretaria Mercedes Juan, resulta un caso emblemático de la anterior creencia popular. Su patente rechazo, por buscar explícitamente deslaboralizar la seguridad social, fue inmediato y jamás logró trasponerlo (Leal, Sánchez, León, 2015, La seguridad social universal de Peña Nieto, ¿es la reforma que el país necesita?, UAM-Ecosur, CDMX).
No obstante, seis años después, Julio Frenk y colaboradores (“Hacia la universalización de la salud”, Nexos, 3/2018) vuelven –sin aprendizaje alguno– sobre la impopular e inviable propuesta señalando: 1) es “indispensable” eliminar la “contradicción” actual entre los artículos 4 y 123 constitucionales, para así convertir a la “protección” de la salud en un derecho social, “ya no laboral”, exigible legalmente por “todos” los ciudadanos, “independientemente” de su posición en el mercado de trabajo.
2) También es “necesaria” una reforma financiera que incremente la inversión de salud por lo menos al nivel promedio de los países latinoamericanos (7.2 por ciento del producto interno bruto, PIB). Esto se puede “concretar” mediante la legislación de una “contribución social generalizada” que “sustituiría” el actual sistema de financiamiento de la atención a la salud por medio de impuestos generales y cuotas obrero-patronales. Dicha contribución, que “debería” diseñarse utilizando los esquemas fiscales más progresivos posibles, permitiría establecer un “fondo único de aseguramiento”, el cual financiaría un paquete de intervenciones de “alta especialidad” y otro de beneficios “esenciales” a los que todo mexicano tendría acceso, bajo cualquier esquema de aseguramiento “público” en salud, con “independencia” de quien sea el “prestador” de servicios. El propósito es “homologar hacia arriba” los beneficios en salud de los diversos seguros “públicos” y hacerlos “explícitos”. Los seguros “privados” tendrían la “oportunidad” de ofrecer complementos al paquete “universal”.
Justamente lo que Coparmex postula en su Manifiesto México: “transitar” a un modelo universal de financiamiento de la prevención y la salud con participación transversal del sector privado e “implementar” el Expediente Clínico Electrónico que permita portabilidad para el usuario, en los diferentes sistemas de seguridad social y de salud ( Oportunidades para un México Incluyente, 3/4/2018).
Modelo “universal” que la propuesta CEEY-2018 (sin extraer aprendizaje alguno del fracaso de su propuesta de 2013) ya se apresura, temerariamente, incluso a calcular. El CEEY cree que “implementar” un sistema de seguridad social para “toda” la población, implicaría aumentar el gasto que ya se ejerce “entre 2 y 4 por ciento del PIB”. Con él, agrega, se financiarían “tres aspectos fundamentales” para la seguridad social, sin importar el “estatus laboral” de las personas. Un “paquete” básico de salud, una “aportación base” a pensiones y el “pago” para un seguro de vida.
Y, ¡¡¡claro!!!, puntualiza: el mecanismo para financiarlo descansaría en “generalizar” el IVA en alimentos y medicamentos a una “tasa general de 11 por ciento”. La “justificación social” del nuevo sistema mediante “más impuestos” debería explicar sus “beneficios”, un “serio” compromiso de rendición de cuentas y “cero corrupción”. ¡Así nada más! ( Excélsior,10/4/2018).
Para el CEEY se trata de un “piso mínimo de protección social”. En efecto: muy “mínimo” si se lo compara con la seguridad social integral que pretende deslaboralizar al ofrecer “desaparecer” las cuotas obrero-patronales. Pero además extraordinariamente caro, de cara al ya de por sí muy apretado ingreso disponible de las familias, que ahora, deberían pagar 11 por ciento de IVA por todo medicamento, alimento y consulta médica, a cambio de tres “beneficios” aplanados a la absoluta baja: “paquete” básico de salud, “aportación base” a pensiones y “pago” para un seguro de vida.
Piso tan “mínimo” como el que –dando cabal continuidad al peñismo, sin atreverse a tocar las políticas económicas y laborales del entero ciclo neoliberal–, también ofrece Meade: los ciudadanos podrán tratarse en el hospital “que elijan”, pues con una inversión de “30 mil millones de pesos”, se “logrará” que “todas” las clínicas estén “adecuadamente” equipadas; en los hospitales: “100 por ciento de medicamentos”; “fortalecer” el Seguro Popular; “habilitar” una línea telefónica especializada en atención a mujeres adultas y niñas; “reducir” la muerte materna y el embarazo adolescente, así como un “programa” para que médicos, enfermeros y medicinas sean “trasladados” al domicilio de los derechohabientes que no puedan desplazarse a su clínica” ( Reforma, 8/4/2018).
Una “reforma” para la salud, para Anaya o Meade, que seguiría privilegiando el enfoque de atención al rentable mercado de los daños e incapaz de premiar la verdadera presencia de una cultura integral del mantenerse sano.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
