n sondeo reciente de Citibanamex reveló que casi dos terceras partes de la población estiman que las reformas estructurales nunca beneficiarán a la población en general. Además, durante los dos años anteriores, esta creencia se elevó: 42 por ciento la compartía en octubre 2015, pero para septiembre 2017 ya alcanzaba 60 por ciento.

Simultáneamente, la proporción de aquellos que les otorgan el beneficio de la duda y consideran que deben madurar antes que puedan verse sus beneficios, disminuyó de 45 a 32 por ciento. También ocurre que se redujo, de 9 a 5 por ciento, el número de quien aguardaba que sus beneficios fueran ya perceptibles ( El Economista, 2/4/2018).

La nunca presentada reforma de la salud anunciada por el presidente Peña Nieto desde el Pacto por México –siguiendo las propuestas de Santiago Levy/ Funsalud/Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)– y publicitada (durante los años 2013-2015) hasta el hartazgo por la –entonces– secretaria Mercedes Juan, resulta un caso emblemático de la anterior creencia popular. Su patente rechazo, por buscar explícitamente deslaboralizar la seguridad social, fue inmediato y jamás logró trasponerlo (Leal, Sánchez, León, 2015, La seguridad social universal de Peña Nieto, ¿es la reforma que el país necesita?, UAM-Ecosur, CDMX).

No obstante, seis años después, Julio Frenk y colaboradores (Hacia la universalización de la salud, Nexos, 3/2018) vuelven –sin aprendizaje alguno– sobre la impopular e inviable propuesta señalando: 1) es indispensable eliminar la contradicción actual entre los artículos 4 y 123 constitucionales, para así convertir a la protección de la salud en un derecho social, ya no laboral, exigible legalmente por todos los ciudadanos, independientemente de su posición en el mercado de trabajo.

2) También es necesaria una reforma financiera que incremente la inversión de salud por lo menos al nivel promedio de los países latinoamericanos (7.2 por ciento del producto interno bruto, PIB). Esto se puede concretar mediante la legislación de una contribución social generalizada que sustituiría el actual sistema de financiamiento de la atención a la salud por medio de impuestos generales y cuotas obrero-patronales. Dicha contribución, que debería diseñarse utilizando los esquemas fiscales más progresivos posibles, permitiría establecer un fondo único de aseguramiento, el cual financiaría un paquete de intervenciones de alta especialidad y otro de beneficios esenciales a los que todo mexicano tendría acceso, bajo cualquier esquema de aseguramiento público en salud, con independencia de quien sea el prestador de servicios. El propósito es homologar hacia arriba los beneficios en salud de los diversos seguros públicos y hacerlos explícitos. Los seguros privados tendrían la oportunidad de ofrecer complementos al paquete universal.

Justamente lo que Coparmex postula en su Manifiesto México: transitar a un modelo universal de financiamiento de la prevención y la salud con participación transversal del sector privado e implementar el Expediente Clínico Electrónico que permita portabilidad para el usuario, en los diferentes sistemas de seguridad social y de salud ( Oportunidades para un México Incluyente, 3/4/2018).

Modelo universal que la propuesta CEEY-2018 (sin extraer aprendizaje alguno del fracaso de su propuesta de 2013) ya se apresura, temerariamente, incluso a calcular. El CEEY cree que implementar un sistema de seguridad social para toda la población, implicaría aumentar el gasto que ya se ejerce entre 2 y 4 por ciento del PIB. Con él, agrega, se financiarían tres aspectos fundamentales para la seguridad social, sin importar el estatus laboral de las personas. Un paquete básico de salud, una aportación base a pensiones y el pago para un seguro de vida.

Y, ¡¡¡claro!!!, puntualiza: el mecanismo para financiarlo descansaría en generalizar el IVA en alimentos y medicamentos a una tasa general de 11 por ciento. La justificación social del nuevo sistema mediante más impuestos debería explicar sus beneficios, un serio compromiso de rendición de cuentas y cero corrupción. ¡Así nada más! ( Excélsior,10/4/2018).

Para el CEEY se trata de un piso mínimo de protección social. En efecto: muy mínimo si se lo compara con la seguridad social integral que pretende deslaboralizar al ofrecer desaparecer las cuotas obrero-patronales. Pero además extraordinariamente caro, de cara al ya de por sí muy apretado ingreso disponible de las familias, que ahora, deberían pagar 11 por ciento de IVA por todo medicamento, alimento y consulta médica, a cambio de tres beneficios aplanados a la absoluta baja: paquete básico de salud, aportación base a pensiones y pago para un seguro de vida.

Piso tan mínimo como el que –dando cabal continuidad al peñismo, sin atreverse a tocar las políticas económicas y laborales del entero ciclo neoliberal–, también ofrece Meade: los ciudadanos podrán tratarse en el hospital que elijan, pues con una inversión de 30 mil millones de pesos, se logrará que todas las clínicas estén adecuadamente equipadas; en los hospitales: 100 por ciento de medicamentos; fortalecer el Seguro Popular; habilitar una línea telefónica especializada en atención a mujeres adultas y niñas; reducir la muerte materna y el embarazo adolescente, así como un programa para que médicos, enfermeros y medicinas sean trasladados al domicilio de los derechohabientes que no puedan desplazarse a su clínica” ( Reforma, 8/4/2018).

Una reforma para la salud, para Anaya o Meade, que seguiría privilegiando el enfoque de atención al rentable mercado de los daños e incapaz de premiar la verdadera presencia de una cultura integral del mantenerse sano.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco