Convertida en uno de los ejes de la campaña por el cruce de descalificaciones entre partidos y coaliciones, la corrupción –incluida en los tres temas del primer debate presidencial– captará gran parte de la atención por las dimensiones alcanzadas: en un año México descendió 12 lugares en el índice de percepción realizado por Transparencia Internacional, en tanto que el reciente reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) revela que en este sexenio se incrementó 50 por ciento el conocimiento personal de actos corruptos.

Con la integración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) abortada por falta de acuerdos en nombramientos clave o con decisiones que han nulificado su operación, María Marván, ex presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, cuestiona: “Que nos digan los candidatos por qué todos los partidos han saboteado al sistema. Conocimos del socavón en el Paso Exprés, y el secretario de Comunicaciones y Transportes sigue ahí. Se supo de la estafa maestra y Rosario Robles permanece en el cargo”.

Primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, Jacqueline Peschard subraya que los virtuales pactos de impunidad que se perciben entre los partidos han terminado por detonar el hartazgo social frente a la corrupción. Y recuerda la frustración más reciente del SNA: la Procuraduría General de la República reservó la información relacionada con Odebrecht que ha provocado sanciones en otros países de la región.

Odebrecht, caso emblemático

Un caso que ha permeado en muchos países de Latinoamérica, incluido México, recogido en el más reciente informe de Transparencia Internacional: 2018 es un año de elección en la región y no hay campaña que no trate del tema. Los casos de corrupción de la multinacional Odebrecht, lejos de estar eludidos, han revelado prácticas tristemente similares en la región en cuanto a sobornos y financiamientos ilícitos. En seis países los ciudadanos estarán llamados a las urnas este año, dentro de ellos Venezuela, Colombia y México, que tienen indicios de corrupción muy altos.

En el índice de percepción de la corrupción del organismo internacional, entre 2016 y 2017 México descendió del lugar 123 al 135, de los 180 reportados a escala mundial.

Esto coincide con la reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, presentada por el Inegi en días pasados, que revela que en este sexenio se ha triplicado el conocimiento de casos directos de corrupción. En 2013, la tasa de personas por cada 100 mil habitantes a la que algún conocido que le refirió actos de corrupción era de 31 mil 990 y para 2017 alcanzó 47 mil 513.

La corrupción se ha convertido en factor central en el desgaste institucional y uno de los principales problemas que erosionan la democracia mexicana, señala Peschard. Con conocimiento directo como ex titular del CPC, subraya que más allá del diseño legal, en la operación del SNA no hay colaboración entre las entidades que lo conforman; faltan nombramientos clave; en los estados se requiere revisar a los auditores superiores. Hay muchos aspectos pendientes, aunque se ha avanzado en mejores diagnósticos sobre el problema.

Para Peschard, quien fue consejera del desaparecido Instituto Federal Electoral, la fuerte presencia de los cuestionamientos por casos de corrupción en las contiendas no necesariamente es nociva para el proceso. Alcanzo a ver que el hartazgo por la corrupción se ha convertido más en un motor que activa la participación que una forma de desactivar la votación. Los procesos electorales se convierten en momentos clásicos para distinguir quién realmente combate a la corrupción.

La impunidad por los actos de corrupción ha ganado mucha visibilidad que puede convertir el voto en una forma de sanción social frente a los actos no sancionados. La gravedad de los casos y la visibilidad del dinero involucrado que a veces no podemos imaginar pueden ser detonantes que se pueden expresar en las urnas, afirma Peschard.

En el país, dice por su parte Marván, hay dos problemas centrales que agobian a la sociedad: la corrupción y la violencia-inseguridad. En el primer caso, subraya, el problema va más allá de la responsabilidad de un solo partido, lo que deberíamos estarnos cuestionando como sociedad es por qué se nos amafió el poder, porque en esto también está involucrado quien ha renunciado a sus facultades para hacer contrapeso.

Marván asume que la percepción social de los políticos se ha desgastado enormemente, pero deberían entender que si no trabajan para revertir la irritación social, en realidad están operando en contra suya y de las instituciones, porque una de las mayores amenazas para nuestra democracia es la corrupción.

No obstante, destaca que el fenómeno es algo que va mucho más allá de sólo involucrar al sector público, pues también se asocia a la iniciativa privada. Por esto la expectativa para este domingo es conocer si hay compromiso de asumirlo con un enfoque estructural, como un problema que requiere un proceso de transición y ello lleva implícito sus definiciones sobre la Fiscalía General de la República y la fiscalía anticorrupción, concluye Marván.