Washington.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer la adopción de un nuevo marco regulatorio destinado a evaluar de manera más sistemática la corrupción en sus 189 países integrantes, al subrayar el efecto negativo de este flagelo sobre el crecimiento, las inversiones y los ingresos fiscales.

Las nuevas medidas aprobadas por el comité director del FMI el 6 de abril autorizan a los equipos de la institución a evaluar regularmente la naturaleza y la gravedad de la corrupción, señala un comunicado.

El nuevo enfoque fue dado a conocer al término de los trabajos de la reunión anual de primavera del FMI, junto con un estudio a partir del cual la Junta de Gobierno de la institución decidió su adopción.

Se trata de la actualización de la gestión de gobierno del FMI de 1997, que pauta sus esfuerzos para ayudar a sus estados miembros a responder a temas de administración y corrupción.

La nueva normatividad entrará en vigor a partir del primero de julio, indicó un funcionario de la institución.

El foco está en la gobernanza de manera global, no sólo en la corrupción, expresó el FMI.

La institución, con sede en Washington, enfatizó que la lucha contra la corrupción no debe limitarse a enviar a los culpables a prisión, pues la sustentabilidad a largo plazo requiere amplias reformas normativas e institucionales para mejorar la transparencia y la responsabilidad.

Más tarde, la directora-gerente del FMI, Christine Lagarde, expresó en un comunicado: “Sabemos que la corrupción perjudica a los pobres, obstaculiza las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones y hace que se destruya la cohesión social.

Ahora hemos adoptado un marco para un mayor compromiso sobre la gobernanza y la corrupción con el objetivo de realizar un trabajo más sistemático, equitativo, efectivo y sincero con los países miembros, acotó.

Los resultados serán incorporados en las revisiones anuales sobre el estado de la economía de los países integrantes, conocidas como artículo IV.

Con el nuevo desarrollo, el FMI también tiene la intención de abordar a las empresas privadas dedicadas a prácticas corruptas.

En este sentido, alienta a los países miembros a prestarse voluntariamente a una evaluación de sus dispositivos legales e institucionales como parte de las misiones de supervisión del FMI.

Será una cuestión de si criminalizan y juzgan el soborno de funcionarios extranjeros, y si tienen mecanismos adecuados para erradicar el lavado de dinero y el ocultamiento de dinero sucio, expresó el fondo.

La corrupción se lleva 2 por ciento de la riqueza mundial cada año y socava la distribución equitativa del crecimiento económico, indicó el FMI en un informe de mayo de 2016.

Por sí solos, los sobornos pagados cada año en el mundo totalizan entre 1.5 y 2 billones de dólares, casi equivalentes al producto interno bruto francés.