Mexicali, BC.

El activista Gerardo Durán Guzmán, de 60 años de edad, quien fue aprehendido el viernes pasado por ultrajes a la autoridad en los que habría incurrido el pasado primero de octubre durante una protesta en el Congreso local, donde se discutió la aprobación de cinco contratos mediante asociaciones públicas-privadas para construir plantas desalinizadoras en Rosarito y San Quintín, fue liberado ayer y seguirá su juicio fuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) local.

Durán salió de prisión después de las dos de la tarde. Por la mañana, integrantes de organizaciones que promueven la defensa del agua de Baja California, entre ellas Mexicali Resiste, protestaron por la detención del activista.

Alrededor de las 10 horas los manifestantes marcharon por el bulevar Adolfo López Mateos, una de las principales vialidades de la ciudad, para exigir la libertad de Durán Guzmán, a quien llamaron preso político. La marcha se inició en el parque Vicente Guerrero y concluyó con un mitin en la calle Sur, frente al Cereso de Mexicali.

Durán Guzmán fue detenido por orden de un juez local a petición de la Fiscalía del estado. Se dirigía a un mitin en repudio al muro que el gobierno de Estados Unidos pretende erigir en Caléxico y contra la militarización de la frontera.

Tiene prohibido salir de la entidad y deberá presentarse a firmar cada semana en el registro del sistema penal acusatorio.

Gerardo Durán se define como un soldador que realiza trabajos independientes y dedica su tiempo libre a la resistencia y a la defensa del agua.

Mexicali Resiste advirtió que la administración que encabeza el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid encarcela a quien reta su legitimidad, como fue el caso de Durán Guzmán y de otros cuatro acusados de ultraje a servidores públicos, quienes, de ser hallados culpables, serán sentenciados a entre cuatro y 10 años de prisión.

Integrantes de Mexicali Resiste aseguraron que los acusados no son criminales, sino ciudadanos que llegaron a su límite y no están dispuestos a seguir aguantando el poder del teatro político.

En la protesta del primero de octubre de 2017 en el Congreso del estado, Gerardo Durán reprochó a los diputados que incluyeran en el orden del día la aprobación de cinco contratos para construir las desalinizadoras en Rosarito y San Quintín.

Ese mes hubo varias protestas y enfrentamientos entre activistas y policías antimotines. El 4 de octubre fue tomado el Congreso y al día siguiente la fuerza pública lo recuperó.

A partir de ese momento el Congreso y el gobierno estatales comenzaron a presentar denuncias contra activistas independientes, así como integrantes de los movimientos Mexicali Resiste y Baja California Resiste por supuestos ultrajes, privación ilegal de la libertad de empleados y daños en propiedad ajena.

El decreto 168, para la contratación de empresas que construirán las desaladoras, se aprobó el primero de diciembre de 2017 con los votos de 12 de 13 legisladores panistas y una aliada del Partido de la Revolución Democrática, en un albazo en el cual se omitió convocar a diputados de oposición.