Zacatecas, Zac.

Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de San Luis Potosí presionan y amenazan a agricultores del ejido La Presa, municipio de Villa de Guadalupe, para que retiren los juicios de amparo que interpusieron contra el acueducto que los gobiernos local y federal prometieron construir hace seis años como obra complementaria de la presa La Maroma, en el altiplano de esa entidad.

Manuel Téllez Bugarín, delegado de la Conagua en San Luis Potosí, y Amado Rubio Hernández, director jurídico de la CEA, hostigan a los campesinos, denunció Francisco Peña de Paz, director del Colegio de San Luis Potosí (Colsan), institución de posgrado perteneciente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El pasado jueves, agregó, dos empleados del gobierno estatal fueron al Colsan a presionar a uno de nuestros compañeros abogados que asesora a los agricultores inconformes.

Peña de Paz recordó que los labriegos del ejido La Presa se acogen a un decreto presidencial de dotación de derechos de aguas broncas y aguas mansas, las cuales usan para consumo doméstico y agropecuario.

Hace seis años, durante su campaña por la Presidencia, Enrique Peña Nieto prometió en esa región que en el ejido La Maroma se construiría la presa del mismo nombre, así como un acueducto que abastecería a un nuevo distrito de riego, pero una parte del líquido se llevaría a una planta potabilizadora en Matehuala.

Sin embargo, seis años después no hay una sola piedra de la presa La Maroma (la obra principal), aunque comenzó a edificarse el acueducto desde las inmediaciones del ejido La Presa, donde existe un importante acuífero, con pozos y manantiales.

Los labriegos sostienen que la CNA y la CEA pretenden llevarse el agua a Matehuala con un acueducto cerrado de 16 pulgadas para beneficiar a empresas productoras de jitomate, huevo y carne de cerdo.

Los campesinos, explicó Peña de Paz, interpusieron tres recursos, entre ellos una petición al tribunal agrario para invalidar un convenio que se firmó sin la aprobación de la asamblea ejidal, con el cual se intenta facilitar la expropiación de terrenos por donde pasará el acueducto.

Los agricultores interpusieron además dos amparos ante la justicia federal “porque la obra que se está haciendo no corresponde con la manifestación de impacto ambiental que presentó la Conagua ni con el proyecto planteado.

La obra consistía en la presa y el acueducto. Y como no han hecho la primera, no hay forma de garantizar que realmente se está captando agua nueva. La Conagua y la CEA están construyendo un ducto para llevarse el agua que ya está ahí, disponible, y que es de los campesinos.

Después de que interpusieron los dos juicios de amparo y el agrario y ofrecieron una conferencia de prensa, por la noche empleados de la CEA y de la Conagua fueron al ejido La Presa a buscar a los integrantes de la mesa directiva del comisariado ejidal.

Al día siguiente se presentó el delegado de la Conagua, Manuel Téllez Bugarín, en la casa del comisario ejidal, para mostrarle fotografías de la conferencia de prensa y advertirle que las constructoras del acueducto estaban perdiendo dinero porque los labriegos bloquearon el paso a los camiones que acarreaban materiales para la obra.

Según los ejidatarios, los funcionarios les dijeron que el gobernador Juan Manuel Carreras López los demandaría y les quitaría dinero al ejido para compensar las pérdidas de las empresas.

Ustedes no tienen nada que ganar porque la ley y las autoridades están de nuestro lado. Más les vale aceptar el convenio (tubería para distribuir en el ejido el agua que toman de un tanque), les habrían advertido.

“Téllez Bugarín llevaba en un camión personal de la CNA y los tubos. Los dejaron ahí. El comisariado ejidal les dijo: ‘Pues ahí déjenlos, pero no los vamos a usar porque nosotros estamos esperando lo que diga la ley”’.

El 19 de abril Amado Rubio Hernández, director jurídico de la CEA, llegó a la unidad de postgrado de la Universidad de San Luis Potosí (sede del Colsan), acompañado de otro funcionario. “Primero dijeron que querían explicar el proyecto al equipo de asesores. Guillermo, uno de los investigadores, les respondió que quienes tienen que tomar la decisión de desistirse o seguir con los juicios de amparo son los ejidatarios.

“Molestos, los funcionarios de la CEA les advirtieron que sólo conseguirían que se cobren a los campesinos todos los daños a las empresas. ‘Ya verán, ya sabrán de nosotros’, les dijeron”.