Ocoyoacac, Méx.

Unos 2 mil policías federales y estatales fueron enviados ayer a San Jerónimo Acazulco, muy cerca del parque nacional La Marquesa, para garantizar la reanudación de las obras del Tren Interurbano México-Toluca, paralizadas durante tres meses por oposición de comuneros.

Empleados de la constructora encendieron la maquinaria para terminar el viaducto elevado por donde correrá el tren de alta velocidad que conectará el valle de México con el de Toluca.

El viaducto debía estar concluido en mayo, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que no será posible y culpó a los comuneros de Acazulco de retrasar la obra.

Los pobladores rechazaron esta versión y aseguraron que varios tramos de la primera etapa de la obra, que va de Zinacantepec a Ocoyoacac, no están terminados debido a mala planeación y falta de consenso con las comunidades.

Afirmaron que el envío de policías para reanudar los trabajos fue una provocación y una violación de disposiciones judiciales, pues la semana pasada un juez de distrito negó a la SCT la posibilidad de que se usara la fuerza pública para retomar los trabajos.

En enero los vecinos de Acazulco promovieron un amparo contra la obra, con el argumento de que la autoridad no tenía aval de la comunidad para usar los terrenos. Muchos de los lugareños ven la obra como una amenaza ambiental, dado que se han talado cientos de árboles, lo que ha afectado a los manantiales.

Los comuneros no sólo demandan indemnización por el uso de terrenos que ellos aprovechaban, sino la elaboración de un programa de sustentabilidad y garantías de que la obra beneficiará a las comunidades por donde pasará.

El pasado 22 de marzo el juez primero de distrito sobreseyó el juicio de amparo porque la SCT acreditó que los terrenos donde se construye la obra son federales, ya que fueron expropiados en 1946 para colocar torres de alta tensión.

Sin embargo, los comuneros ya promovieron un recurso de revisión, pues la obra afecta una franja de al menos cuatro hectáreas de bienes comunales. La SCT se negó a pagar otra indemnización, pues en 2015 se acordaron cada uno de los pagos que se harían a las comunidades.