omo en el caso de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso y, años atrás, de La Jornada, a quien asesinaron en abril de 2012 en Xalapa, la capital del estado desgobernado entonces por el reprobable Javier Duarte de Ochoa, en 2017 se enviaron dos mensajes de muerte cumplida al periodismo irreprochablemente crítico, que daba ejemplo entre un gremio dolido por la corrupción y la represión: primero fue Miroslava Breach Velducea y, menos de dos meses después, Javier Valdez Cárdenas.

Las ejecuciones de los dos corresponsales de La Jornada tuvieron como inequívoco marco de referencia la cobertura constante y honesta de hechos relacionados con el crimen organizado, lo cual en México suele irritar a las élites de poder político y económico y no solamente a los capos y sus tropas, que casi por sistema sostienen relaciones de complicidad e incluso de predominio sobre las instituciones públicas y los personajes que las encabezan.

En Chihuahua, la ejecución de Breach tuvo como antecedente la publicación de los nexos entre grupos criminales que pretendían imponer determinadas candidaturas para controlar cargos de un municipio. La valentía irreductible de Miroslava careció, como sucede a otros de sus colegas en todo el país, de la protección del gobierno estatal, éste encabezado por el panista Javier Corral Jurado e incluso, ya ante la ejecución consumada, ha carecido de una indagación gubernamental a la altura de la valentía de Breach, dedicado ese mandatario norteño más a librar batallas efectistas contra el gobierno federal priísta, en el entorno de una guerra política y electoral entre el grupo del candidato presidencial Ricardo Anaya (al que pertenece ahora Corral, aunque años atrás lo había criticado crudamente) y el grupo de Los Pinos, con Enrique Peña Nieto como suministrador a capricho de fondos federales y, también, de contingentes militares y policiacos para tratar de contener la desbordada violencia criminal en Chihuahua.

Otra ejecución, la del bato Javier Valdez, se produjo en una calle de Culiacán, en las inmediaciones de Ríodoce, la publicación local a la que entregó su mejor esfuerzo profesional, dirigida por Ismael Bojórquez. Las más recientes publicaciones del corresponsal de La Jornada versaban sobre los conflictos (obviamente muy violentos) entre los aspirantes a asumir una especie de herencia intestada del negocio dominante de la entidad: los hijos del principal copropietario histórico, para entonces extraditado a Estados Unidos, y el grupo de una de las partes que habían concurrido al manejo del cártel desde décadas recientes, luego que el famoso personaje emblemático se había fugado de una cárcel jalisciense.

En Sinaloa, como en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero y la gran mayoría de los estados de la República, el poder político ha sido infiltrado y dominado por los grupos criminales. Casi sin excepción, los presuntos gobernadores empiezan y terminan como meros gerentes o administradores, dedicados a engordar sus haberes personales y familiares, a simular que se mantiene un estado de derecho y a garantizar la continuidad del mencionado negocio magno, el de la narcopolítica.

En tales circunstancias resulta de poca monta efectiva la detención de los presuntos o reales ejecutores materiales de las órdenes de asesinar a periodistas críticos y honestos. Necesaria, sí, la plena identificación de los autores directos de esos homicidios, para ser procesados y castigados sin que quede sombra de duda respecto de su culpabilidad operativa, evitando la creación de chivos expiatorios.

Pero esas ejecuciones seguirán produciéndose mientras continúen impunes los autores intelectuales, que no son solamente los jefes de los cárteles supuestamente afectados por el trabajo periodístico, sino, también y sobre todo, sus aliados políticos, los cómplices de la gran tragedia nacional en curso, los capos de cuello ya nada blanco: los políticos de todos los niveles que creen ponerse a salvo mediante la habilitación de culpabilidades menores.

En Sinaloa no bastan las detenciones bajo el amparo de las fuerzas federales, pues el priísta Quirino Ordaz Coppel mantiene el mismo esquema de convivencia gananciosa para los partícipes. No sólo nada ha cambiado en Sinaloa, sino que, como en general en el país entero, cada vez las cosas están peor.

El más reciente episodio de la barbarie que se vive en el país produjo, como ha sucedido ante hechos similares, manifestaciones de protesta, en este caso con jóvenes sumamente indignados por el asesinato de tres estudiantes de cine en Guadalajara y los indicios de que luego sus cadáveres fueron disueltos en ácido.

Suele suceder que esas protestas ceden en poco tiempo y la indignación es trasladada a los siguientes hechos de salvajismo, corrupción o frivolidad política que dominan la agenda nacional. En el caso de los tres jóvenes se ha manifestado especialmente esa infame tendencia a adjudicar a las víctimas de violencia criminal algún tipo de corresponsabilidad en su suerte mortal, por haber estado en el lugar equivocado (la casa de una tía con supuestas relaciones con un narcotraficante). También han puesto en escena el rap como expresión a relacionar con actos criminales, a partir de los señalamientos de que un practicante de ese género musical sería uno de los participantes en los asesinatos de quienes buscaban cumplir con una tarea escolar.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la extinción de penas impuestas a centenares de personas por la presunta comisión de delitos durante manifestaciones de orden político realizadas desde el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como ocupante del Poder Ejecutivo Federal, hasta el primero de diciembre de 2015. Es un acto de justicia mínima y retardada, y un virtual reconocimiento indirecto del uso autoritario de los instrumentos judiciales para frenar y castigar la inconformidad ciudadana. ¡Hasta mañana!

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