l pasado lunes, Héctor de Mauleón publicó su columna de El Universal exponiendo datos que dan para preocuparse bastante acerca del estado de nuestra democracia. Así, el periodista cuenta que la DEA recientemente entregó al gobierno de México documentos de espionaje, realizados en Chicago, con alrededor de mil mensajes de texto, enviados por capos de Guerreros unidos durante la noche y días posteriores a la matanza de Iguala.

El asunto trae cola, porque aparentemente la DEA no entregó estos materiales al gobierno de México oportunamente, y esos documentos habrían sido relevantes para la investigación, y para frenar en algo la especulación que ha habido en torno del cómo y del porqué de lo ocurrido a los normalistas de Ayotzinapa.

De ser cierto lo que escribe De Mauleón, el gobierno de Estados Unidos le habría retenido datos a su contraparte mexicana, con efectos de gran perjuicio para Enrique Peña Nieto y su gabinete, ya que las grabaciones establecen que el asesinato de los estudiantes se ordenó por Guerreros unidos por creer que los estudiantes eran miembros de la banda de Los Rojos. En todo caso, se trata de un asunto delicado que, imagino, el gobierno estudiará cuidadosamente, ya que parece sugerir que la lucha contra el narcotráfico puede brindarle datos sensibles para México al gobierno de Estados Unidos, que puede luego manejar en los tiempos que mejor le convengan.

Más allá de ese aspecto de la nota, los mensajes de texto que se enviaron entre sí los capos de Guerreros unidos dicen varias cosas preocupantes y bien relevantes para entender en algo el verdadero estado de nuestra democracia.

Veamos. La secuencia de textos comienza con mensajes de Iguala a Chicago, donde los capos se van dando cuenta de la magnitud de la matazón que acaban de cometer sus correligionarios guerrerenses, y además por un franco error. Sin embargo, una vez que se hubieron percatado del tamaño del asunto y de la gravedad de sus posibles consecuencias, los mensajes de los jefes de Chicago se orientan a pedir a sus socios en México que organicen manifestaciones para distraer la atención del público, mismos que cito con la ortografía con que fueron reproducidos en el artículo de De Mauleón:

Que agan un planton todos los de transporte... y que sea en contra del presidente... que se aga una demanda colectiva en contra del gobernador y el procurado... y el presi, también.

Y luego:

Y también si le puedes echar una llamadita al líder de la mina... Para que hagan presencia.

Estos mensajes dicen bastante del estado de la democracia en Iguala, pues queda claro, en primer lugar, que Guerreros unidos tenía controladas a varias organizaciones sociales, de esas que en otros tiempos hubieran estado afiliadas a algún sector del PRI, transportistas y trabajadores de la mina, para empezar. Segundo, los mensajes de texto también muestran que Guerreros unidos estaba en situación de movilizar a esos elementos en protesta, a su conveniencia, incluso para enfrentarse al gobernador del estado, al procurador general de la República o al mismo Presidente. En otras palabras, Guerreros unidos no sólo controlaba el gobierno municipal de Iguala y su policía, sino que también tenía entre manos el manejo de importantes organizaciones sociales –los transportistas y trabajadores mineros–, o sea, eso que los priístas de antes llamaban fuerzas vivas. Conclusión: Guerreros unidos no sólo controlaba el gobierno local, como sabíamos, sino también una porción estratégica de la sociedad civil.

A ese control sobre transportistas y mineros, los capos de Guerreros unidos agregaban una presencia activa en redes sociales. Así, los de Chicago encargan a sus compañeros en Iguala que le echen al Internet [diciendo] que todo fue planeado por el procurador. Así, los movimientos sociales en la calle, organizados para ofuscar al público y desviar la presión que sentiría Guerreros unidos por sus asesinatos, serían suplementados por un movimiento contra el procurador, dirigido desde las redes sociales.

Por último, los capos parecen haber pensado que tenían el poder coercitivo o de cooptación necesario como para pretender conseguir que los choferes de los autobuses foráneos, y aún los familiares de los mismos muertos, declararan en favor de sus intereses: Chequen con estrella blanca y que pongan a atestiguar a los choferees que fueron interceptados también los familiares de todos los muertos y eridos civiles. En resumen, los mensajes que se estuvieron mandando los jefes de Guerreros unidos durante la noche de Iguala sugieren que, además del control sobre el gobierno municipal, la organización era capaz de movilizar a la sociedad civil –tanto en la calle como en las redes– y que podía además manipular testigos en su favor ante el Ministerio Público.

Si pensamos que Guerreros unidos es sólo una de las varias docenas de organizaciones criminales que controlan territorios en México, las implicaciones de estos mensajes de texto resultan bastante preocupantes.

¿Hasta qué punto tenemos una democracia que responde a los intereses del crimen organizado?

La pregunta es legítima y merece respuestas puntuales.