Al analizar el caso de la desaparición forzada de los primos Alvarado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) estudiará los riesgos de la militarización de la seguridad pública en México, señaló la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

En el contexto del 123 periodo ordinario de sesiones de este tribunal regional, que se celebra en San José, Costa Rica, este jueves y viernes se someterá a conocimiento de los jueces este asunto, el primero contra las fuerzas armadas en el contexto de la guerra contra el crimen organizado.

Los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera fueron desaparecidos de manera forzada por elementos del Ejército Mexicano en el ejido Benito Juárez, en Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009, en las labores del Operativo Conjunto Chihuahua. Hasta la fecha se desconoce su paradero. El caso llegó a la CorIDH luego que el Estado mexicano no atendiera las recomendaciones que le hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto, WOLA enfatizó que el análisis de este asunto por la CorIDH puede sentar un precedente importante para la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de Ley de Seguridad Interior –que regulariza el papel de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública–, análisis que está por definir.

Las autoridades mexicanas no pueden negar que el despliegue de soldados en el país ha tenido un impacto devastador para los derechos humanos, aseveró Mauren Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA. Agregó que Chihuahua ha sufrido algunos de los peores abusos cometidos por soldados contra civiles. Después de casi diez años, las familias de las víctimas por fin tendrán la oportunidad de acudir a la CorIDH a buscar la justicia que se les ha negado en México.

Para el análisis de este caso, WOLA presentó un amicus curiae en el que aborda dos asuntos importantes que a su parecer deben discutirse: el impacto que la presencia militar en Chihuahua ha tenido sobre las garantías fundamentales entre 2008 y 2010 (durante el Operativo Conjunto Chihuahua) y la falta de rendición de cuentas en las denuncias de abusos cometidos por militares en el país. El amicus curiae muestra que la presencia de soldados en ese estado no redujo la violencia e incrementó las violaciones a derechos humanos (la Comisión Estatal en la materia recibió entre 2008 y 2009 mil 450 denuncias contra militares).

Igualmente se documenta cómo el Código de Justicia Militar de México todavía no cumple con los estándares interamericanos y que las investigaciones civiles no garantizan la justicia para víctimas de abusos cometidos por soldados.