La familia de Johanna Fisher Garza tiene 16 años esperando justicia y desde hace dos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha dictado sentencia en un juicio de amparo en este caso.

La joven sufre las consecuencias de un caso de negligencia médica de la cual sus padres pudieron obtener pruebas para acreditar que así fue, cuatro años después de la cirugía que se le realizó a Johanna y que le ocasionó daño cerebral irreversible.

Los hechos ocurrieron el 19 de enero de 1998 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Johanna ingresó al área de urgencias de la clínica, ubicada en el poniente de Monterrey y hoy perteneciente al sistema de salud Christus Muguerza, el diagnóstico era un sangrado cerebral que requería cirugía para cauterizar el cuarto ventrículo, informó la familia de la joven, que actualmente tiene 32 años de edad.

Diez días después de la operación los médicos informaron a los familiares que Johanna recuperaría entre 90 y 93 por ciento de la funcionalidad, y que un encefalograma indicaba muy buena actividad eléctrica cerebral y una recuperación posoperatoria normal.

Sin embargo Johanna sufrió un paro cardiaco a consecuencia de mal tratamiento médico, según las constancias del expediente judicial, y que durante más de cuatro años los servicios hospitalarios ocultaron creando un expediente con notas médicas falsificadas y que podía ser consultado por los familiares, y un segundo registro con los documentos originales y con los cuales lograron llevar a juicio a una enfermera.

Durante casi 16 años la familia de Johanna ha solicitado judicialmente que los médicos y otros profesionales de la salud que intervinieron en el caso también sean llevados a juicio.

En todo este tiempo, señaló Alejandra Garza, madre de Johanna, la familia ha costeado todos los tratamientos y atención médica que mi hija ha requerido. Ella se ha pasado 20 años afectada por una negligencia y lo que exigimos es justicia.

En las semanas recientes, el caso de Johanna ha aparecido como uno de los asuntos a resolver por la primera sala de la SCJN, bajo el rubro amparo en revisión 565/2016, en la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

En cada ocasión los padres de Johanna han viajado de Monterrey a Ciudad de México para estar presentes en la sesión de la sala –además de que a decir de Alejandra Garza– se han reunido con la ministra Piña Hernández para tratar el caso y ella se ha comprometido a que se desahogará en la sesión correspondiente.

Sin embargo, no ha sido así, los padres esperan durante horas a que se abra la sala, inicie la sesión y cuando ha llegado el momento en que el caso debe ser analizado, sólo se avisa que queda enlistado, es decir, en espera de un mejor momento para que se debata entre los cinco ministros que integran la primera sala.