Con el reconocimiento de la premura que impone la coyuntura de desapariciones en México, el pleno de la Cámara de Diputados avaló sin discusión la ley federal de declaración especial de ausencia para personas en esa condición, que envió al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

En la última sesión del periodo de sesiones, los diputados propusieron desde sus curules guardar un minuto de silencio por el asesinato de los tres estudiantes de cine en Jalisco, acto que finalmente no se realizó, aunque los legisladores manifestaron preocupación por lo que sucede en el país.

El pleno aprobó con 282 votos la minuta del Senado y asumió los argumentos de esa cámara, respecto de que la vida de los integrantes de la familia de un desaparecido cambia de manera radical y se ve sometida a la incertidumbre, pero sobre todo a la indefensión social y económica.

De esta manera, la ley prevé que además de realizar la declaratoria de ausencia –el procedimiento dará inicio tres meses después de que se haya hecho la denuncia– se aplicará un conjunto de medidas para garantizar la personalidad jurídica y protección más amplia de los familiares.

Una vez emitida la declaratoria especial de ausencia, explica el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, ésta tendrá los siguiente efectos laborales, económicos, civiles y sociales:

La persona declarada ausente conservará la patria potestad y la protección de los derechos y bienes de sus hijos menores de 18 años, derechos de guardia y custodia de los menores de edad.

Se protegerá el patrimonio de la víctima, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización estén vigentes, así como de aquellos sujetos a hipoteca; la suspensión provisional de actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de derechos o bienes de la persona ausente; la disolución de la sociedad conyugal o del vínculo matrimonial, a petición expresa del cónyuge.

En términos laborales, se incluye la figura de permiso sin goce de suelto de la persona desaparecida, hasta por cinco años, se prevé que, si es localizada con vida, recuperará su posición, escalafón y derechos de antigüedad, y mantendrá sus garantías de seguridad social y se suspenderán los pagos de crédito de vivienda.

La Cámara confió en que esta ley sea un modelo que aliente la emisión de las leyes estatales o la armonización de las que estén vigentes en la materia.

Durante la sesión, el pleno desahogó 51 dictámenes de reformas constitucionales y legales, como el reglamento de transparencia y acceso a la información pública de San Lázaro.

Al presentar objeciones al dictamen, el diputado Juan Romero Tenorio (Morena) sostuvo que sólo se crea burocracia artificial, con una dirección general, directores de área, subdirecciones, jefaturas de departamento y personal administrativo, que prácticamente igualará a la de la Auditoría Superior de la Federación, con un costo anual de 76 millones.

Por otra parte, y por unanimidad de 326 votos, el pleno aprobó una modificación a la Carta Magna propuesta por Morena para que el español y las lenguas indígenas sean reconocidas como idiomas nacionales.