La Asamblea Legislativa (ALDF) determinó imponer una pena de cinco a 15 años de prisión, así como la suspensión de derechos políticos de uno a siete años, a quienes ocasionen daños, alteren, destruyan, impidan o entorpezcan la provisión de servicios públicos, a partir de los casos denunciados por el gobierno capitalino sobre la manipulación de válvulas de la red hidráulica que afectó el suministro de agua en diversas colonias de la ciudad.

La reforma aprobada por unanimidad de los 37 diputados presentes en el pleno, indica que la sanción se incrementará hasta en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Previo a la clausura de los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones de la legislatura, alrededor de la medianoche del jueves, se aprobó en el pleno una reforma al artículo 363 del Código Penal para incorporar dichas conductas a las sanciones previstas por el delito de sabotaje.

El dictamen que presentó al pleno la Comisión de Administración y Procuración de Justicia a partir de una iniciativa del grupo parlamentario del PRI, señala en sus considerandos que con la finalidad de evitar hechos vandálicos, como los ocurridos en la primera semana de marzo de 2018, cuando fueron cerradas válvulas que surten agua a miles de habitantes de la Ciudad de México en por lo menos 50 puntos de las delegaciones Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, Benito Juárez e Iztapalapa, propuso enriquecer la propuesta original y adicionar el aumento de la sanción para servidores públicos.

Por otra parte, aunque la Cámara de Diputados concluyó prácticamente sus actividades y el próximo lunes celebrará su sesión de clausura, los asambleístas aprobaron en la última sesión dos iniciativas de iniciativas para turnarlas a dicho órgano legislativo federal, una en materia de portación de armas de fuego y otra sobre narcomenudeo.

La segunda propuesta fue enviada a la Asamblea Legislativa por el jefe de Gobierno con licencia, Miguel Ángel Mancera Espinosa, el pasado 15 de marzo y aunque en su momento se consideró urgente, los legisladores tardaron más de seis semanas en procesarla.

La reforma aprobada plantea agravar las penas de seis a 10 años de prisión a quien trafique, comercie o suministre narcóticos en un radio menor a un kilómetro de centros educativos, asistenciales, policiales y de reclusión.