El proceso de paz y reconciliación nacional propuesto por Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, como parte de una política de seguridad pública, incluye alcanzar un cambio en el combate a la violencia criminal en un plazo de 180 días, recuperar la confianza de la sociedad en los cuerpos policiacos y afianzar la estrategia en tres años.

Alfonso Durazo, quien sería designado secretario de Seguridad Pública si López Obrador gana, aclaró a inicios de esta semana en el Colegio de México que el proceso no es pacto con el crimen organizado, como se ha mencionado en referencia a la amnistía que proponen, sino que sería para grupos socialmente vulnerados –como los campesinos–, dentro de un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos.

Ese proceso, dijo, estaría a cargo de la sociedad; la última palabra la tendrán las víctimas y posteriormente el Congreso, dado que la llamada amnistía sólo puede ser producto de una ley.

La política de seguridad pública de López Obrador incluye que el presidente de la República asuma la coordinación de las tareas de procuración de justicia y vinculación con los diversos poderes.

Contempla, además, la creación la Secretaría de Seguridad Pública nacional con las funciones y competencias que le atañen al sector.

En ella reubicaría a la Unidad de Inteligencia Financiera, con objetivos vinculados a la aplicación intensiva de la extinción de dominio sobre los recursos incautados al crimen organizado.

Durazo recordó que proponen la creación de una guardia nacional, pero también señaló como una de las prioridades el combate al lavado de dinero, mientras el uso de la fuerza pública iría contra las expresiones más violentas del crimen organizado.

Bajo la lógica de becarios sí, sicarios no, pretenden rescatar a los jóvenes de las opciones económicas que hoy les ofrece la criminalidad, mediante la masificación de las oportunidades de educación superior y la generación de oportunidades de capacitación y empleo, particularmente para todos aquellos que hoy ni estudian ni trabajan porque no hay opciones.

Asimismo, rescatar al campo nacional como vía para generar empleo en las zonas rurales, por lo que impulsaremos un amplio programa nacional de sustitución de cultivos ilegales.

La propuesta incluye, entre otras, brindar atención amplia y prioritaria a la agenda de víctimas, por lo que buscarán el apoyo de organismos para que coadyuven en el proceso de derecho a la verdad y a la reparación del daño.

Está considerado el regreso paulatino de las fuerzas armadas a los cuarteles y que policías municipales, estatales y federales se integren en un solo modelo, con una misma calidad, competencia profesional y prestaciones semejantes.