n el contexto de una (previsible, incluso tardía) arremetida concertada contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cúpula empresarial se ha puesto al frente. El pasado 16 de abril, el máximo multimillonario, Carlos Slim Helú, dio el banderazo de salida al colocarse en una conferencia de prensa como opositor abierto a las políticas y declaraciones del candidato presidencial tabasqueño, específicamente en el tema de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la zona metropolitana, negocio en el cual tiene fuertes intereses el mencionado magnate.

Ahora han sido los empresarios plus, agrupados en un Consejo Mexicano de Negocios (CMN), quienes han enfrentado al nacido en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco. No es un tema menor, pues se inscribe en la estrategia general de ir bajando al aspirante puntero mediante una serie de ataques desde flancos diversos, aprovechando declaraciones o actitudes de López Obrador que sean polémicas o abiertamente manipulables para fines de distorsión mediática.

El punto central del litigio en curso radica en el señalamiento de AMLO, sin aportar pruebas de sus dichos, de que hubo una reunión de cinco empresarios de primer nivel con el panista Ricardo Anaya para tratar de allanar una eventual candidatura única contraria a López Obrador. No es la primera vez que el tricandidato presidencial (ha buscado llegar a Palacio Nacional en 2006, 2012 y ahora) recurre a la fórmula simple de asegurar que se han realizado determinadas reuniones secretas o que están en proceso determinados planes en su contra.

Ese tipo de imputaciones a la palabra no es un sistema ortodoxo, pero en varias ocasiones ha resultado certero, como en el caso del compló de los videos dados a conocer en 2004 para tratar de frenar (desde entonces) a López Obrador: el propio Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino que aportó tales grabaciones, aseguró en su libro Derecho de réplica que en la conjura contra el tabasqueño tuvieron un rol central el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y su adjunto panista, Diego Fernández de Cevallos. Según Ahumada, le prometieron 400 millones por las cintas, pero Salinas solamente le envió 35 de ellos, aunque ese material quemante fue utilizado para que el ex mandatario negociara con Vicente Fox, a través de Santiago Creel (entonces secretario de Gobernación; ahora uno de los principales operadores de la campaña postsalinista de Ricardo Anaya), la liberación de Raúl Salinas de Gortari.

En un sentido estricto de lo que es la política, los empresarios, no sólo los que manejan la más alta cuota porcentual de los negocios del país, tienen pleno derecho a defender sus intereses, a organizarse para este fin y a expresar públicamente sus preferencias y animadversiones. En realidad, las cúpulas del dinero siempre han sido un factor político determinante, pero refugiadas en las sombras, silenciosas, sinuosas, apostando a veces a dos y hasta tres cartas colocadas sobre la mesa, para asegurarse de ganar siempre, con el candidato que sea.

Los señalados por el moreno dedo flamígero como conspiradores en su contra son Alberto Baillères González (El Palacio de Hierro, Grupo Peñoles, Grupo Nacional Provincial, entre otros negocios), Germán Larrea Mota de Velasco (continuamente mencionado como el segundo hombre más rico de México, dueño del Grupo México, la minera más importantes del país, ferozmente confrontado con el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia), Claudio X. González (accionista principal de Kimberly Clark de México, una de las figuras empresariales más atacadas por AMLO, siempre relacionado con Carlos Salinas), Alejandro Ramírez (principal accionista de la cadena Cinépolis) y Eduardo Tricio (presidente del consejo de administración de Lala y accionista en Aeroméxico).

Con esa quinteta como bandera a defender están actuando los miembros del CMN, un consejo nada transparente en cuanto a su membresía: el reportero Arturo Rodríguez, @arturo_rdgz, ha tuiteado, luego de solicitar información sobre esa organización, y confirmar que nunca ha hecho públicos los nombres de sus integrantes, que “sin filias ni fobias, desde la neutralidad con perspectiva democrática, un desplegado como el del Consejo Mexicano de Negocios (el publicado este jueves, bajo el título Así no: nota de Astillero) es un anónimo, tan poco fiable, como una narcomanta”.

Desde ese posicionamiento, el CMN (al que obviamente se ha sumado ya la Confederación Patronal de la República Mexicana, la famosa Coparmex, y el Consejo Coordinador Empresarial) está suministrando un parque ideológico y político de suma valía en la temporada de caza (política y electoral) del Peje. No son tan relevantes las referencias personales al candidato de una izquierda desdibujada, pero aún amenazante para esos intereses, a quien acusan de recurrir a ataques personales, denostaciones y descalificaciones infundadas. Lo sustancial está en el señalamiento de AMLO como responsable de sembrar desconfianza e incertidumbre, lo cual se reflejaría en términos económicos y jurídicos en poco menos que una catástrofe, que afectaría la paridad cambiaria, la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

A fin de cuentas, los grandes empresarios suman su cuota al proyecto general de exacerbación de miedos y confusión entre el electorado. Las expresiones y descalificaciones infundadas no ayudan a generar confianza y, por otro lado, cancelar el aeropuerto. Todo eso genera incertidumbre: el tema de cómo van a revisar la reforma energética, cómo van a cancelar la reforma educativa, la amnistía para criminales, dijo ayer el presidente del CMN, Alejandro Ramírez.

Y, mientras Enrique Peña Nieto sigue montado en el tren de la oportunidad electoral, ayer mediante la declaración de que lo único que en política no se puede tolerar es la intolerancia, ¡hasta el próximo lunes!

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